El Concejo Deliberante de Pilar sancionó el Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos, un proyecto enviado por el Ejecutivo destinado a impedir que recursos vinculados al narcotráfico se integren en inversiones, emprendimientos o actividades comerciales que requieran autorizaciones o controles municipales.
La iniciativa obtuvo 18 votos a favor, entre el oficialismo y bloques independientes. Votaron en contra cuatro ediles de La Libertad Avanza presentes —María Ratti Repetto, Andrés Genna, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas Onganía— mientras que Analía Leguizamón y Sebastián Neuspiller, también de la oposición, estuvieron ausentes.
Declaración jurada y beneficiario final
La ordenanza establece que, en los casos que determine la reglamentación, quienes soliciten permisos, habilitaciones o autorizaciones municipales vinculadas a inversiones o emprendimientos deberán presentar una declaración jurada que acredite el origen lícito de los fondos y la inexistencia de impedimentos previstos por la norma.
Dicha declaración podrá incluir la identificación del titular de la inversión u operación, el monto involucrado, el origen declarado de los fondos y, cuando corresponda, la identificación del beneficiario final si intervienen sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas.
El texto también prevé controles reforzados para operaciones que presenten inversiones de gran magnitud, grandes desarrollos inmobiliarios, fideicomisos inmobiliarios, estructuras societarias complejas, dificultades para identificar al beneficiario final o inconsistencias entre la actividad declarada y el volumen de la inversión.
Restricciones a investigados por narcotráfico
Un punto central es que el Departamento Ejecutivo no autorizará inversiones, emprendimientos, desarrollos, habilitaciones, permisos o autorizaciones municipales a personas físicas y/o jurídicas que se encuentren investigadas o procesadas por delitos vinculados al narcotráfico mientras subsista esa situación procesal o judicial. La restricción tiene carácter preventivo y administrativo.
La medida alcanza también a personas jurídicas cuando el investigado sea el beneficiario final, ejerza directa o indirectamente el control efectivo de la sociedad o actúe como administrador, representante, director, socio, controlante o figura equivalente con incidencia real sobre la inversión.
La norma aclara que la autoridad municipal no puede atribuir responsabilidad penal ni determinar por sí misma la existencia de un delito: la existencia de una causa judicial deberá acreditarse siempre mediante información proveniente de fuentes oficiales, organismos competentes o autoridades judiciales.
Incumplimientos y sanciones
Frente a incumplimientos, el Municipio podrá intimar para subsanar, suspender el trámite, rechazar la solicitud, revocar o declarar la caducidad de permisos o habilitaciones, y aplicar las sanciones previstas en la normativa municipal vigente.
La presentación de información falsa, documentación adulterada u ocultamiento deliberado de información relevante se considerará incumplimiento grave, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder.
El edil Silvio Rodríguez, titular de la bancada oficialista, sostuvo que no se permitirá la instalación en Pilar de fondos provenientes del lavado de dinero relacionado con el narcotráfico y que la norma busca impedir inversiones de personas o entidades investigadas por esos delitos.
Desde La Libertad Avanza, Repetto y Genna cuestionaron que, con el desalojo, se perdieron vacunas y otros insumos; Genna agregó que la Comuna había aprobado en 2011 un proyecto inmobiliario vinculado a Dolcet. La investigación sobre ese caso se inició más tarde, en 2017, año en que el Legislativo anuló las ordenanzas que autorizaban el emprendimiento, por iniciativa del Frente Pilarense, entonces integrado por referentes del actual gobierno local.
El edificio del exvacunatorio del Km 46
La medida se enmarca en la polémica por el edificio del exvacunatorio del kilómetro 46 de la Panamericana, cedido al Municipio y utilizado como centro de vacunación y sede de Licencias de Conducir hasta que, en marzo de 2025, la Justicia Federal ordenó restituirlo al fondo Pilar Bicentenario, cuyo titular, el abogado pilarense Mateo Corvo Dolcet, está investigado por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La reciente difusión de imágenes del predio abandonado reavivó el debate.
La cesión del uso del inmueble a la Comuna fue autorizada por la Legislatura bonaerense, y durante la pandemia la gestión local lo destinó a vacunatorio Covid, centro de testeo y más tarde a Licencias de Conducir.
Tras el desalojo, la Comuna afirmó que no pudo retirar vacunas ni otros insumos y equipamiento que se encontraban en el lugar, como delantales, barbijos, camillas y documentación, incluidos carnets de conducir.
En una publicación en la red social X, el Municipio indicó que dejó constancia mediante fotos y videos del estado del vacunatorio y de las dependencias de Licencias de Conducir, y señaló que desde el 13 de marzo de 2025, fecha de la intervención judicial, dejó de tener la custodia del predio, cuando Prefectura efectuó el desalojo.
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