La crisis de Granja Tres Arroyos, que ya afecta a varias localidades del país, motivó a los gobernadores Axel Kicillof, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio a acordar la creación de una mesa de trabajo conjunta. El propósito es coordinar medidas frente al deterioro de la actividad y mitigar el impacto sobre los trabajadores.
La situación involucra a tres provincias. En Buenos Aires, la empresa mantuvo paralizada durante agosto la planta de Pinazo, en Pilar, donde alrededor de 300 trabajadores fueron suspendidos. También se registran dificultades en otros establecimientos bonaerenses, con reducción de la actividad y problemas relacionados con el pago de salarios.
En Entre Ríos la situación es aún más crítica: la planta La China, en Concepción del Uruguay, permanece paralizada y la empresa decretó despidos que alcanzaron a cientos de trabajadores. En Córdoba, la planta Avex en Río Cuarto sufrió una fuerte caída operativa que afecta a cerca de 350 empleados.
El acuerdo entre los tres gobernadores busca articular una respuesta coordinada ante un conflicto que dejó de ser exclusivamente empresarial y se convirtió en un problema con efectos económicos y laborales en distintos distritos.
Desde la provincia de Entre Ríos indicaron que la mesa incluirá a los equipos técnicos de las tres administraciones y que se trabajará además para incorporar la dimensión nacional de la crisis.
El impacto en Pilar
En la planta de Pinazo la empresa suspendió a la totalidad del personal durante agosto. La medida fue negociada con el sindicato y contempla el pago parcial de los salarios, mientras los trabajadores también reclaman por atrasos salariales previos.
La paralización generó preocupación en Pilar por sus efectos sobre las familias de los empleados y sobre la actividad comercial y económica vinculada a la planta. El Concejo Deliberante solicitó información a las autoridades laborales provinciales y nacionales sobre la situación.
Una crisis que se extiende
Los problemas de Granja Tres Arroyos se profundizaron en los últimos meses y afectaron a varias de sus instalaciones. La compañía enfrenta una reestructuración financiera y busca alternativas para sostener su funcionamiento.
En ese marco, los gobiernos provinciales comenzaron a implementar medidas de asistencia para los trabajadores afectados, como subsidios, ayuda alimentaria, beneficios en las tarifas de energía y mecanismos de alivio fiscal para quienes fueron despedidos.
El desafío ahora es avanzar en una estrategia común entre Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos para contener el impacto de la crisis y preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.
