La Fiscalía de Estados Unidos presentó este jueves un nuevo pliego de cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, añadiendo acusaciones de tortura a los cargos de narcotráfico que ya enfrentaban; la pareja permanece detenida en Nueva York desde su captura en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses en enero.
Maduro y Flores han sido imputados por conspiración para cometer tortura en un escrito sometido ante un tribunal federal en Manhattan, donde los fiscales exponen ejemplos concretos y pruebas. Entre ellos figura el caso de un militar detenido en 2013 por presuntas intenciones de golpe de Estado, que según la acusación fue sometido a descargas eléctricas repetidas y a suspensión por manos y pies durante varios minutos por miembros de la Dirección de Contrainteligencia Militar.
También se cita la denuncia de un ciudadano estadounidense detenido en 2020 al entrar a Venezuela, acusado de conspirar para asesinar a Maduro, quien según el documento habría sido torturado por oficiales de contrainteligencia mediante golpes y descargas eléctricas en brazos, piernas y genitales.
Los nuevos cargos se conocieron el mismo día en que Flores, quien afronta hasta 40 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, tiene prevista una audiencia para solicitar su libertad condicional por motivos de salud mientras espera el juicio —no previsto al menos hasta 2027—. Los abogados pedirán al juez Alvin Hellerstein autorización para que la ex primera dama se someta a un procedimiento cardíaco y se recupere en una vivienda privada, alegando una pérdida de 11 kilos, mareos, dificultad para respirar, un posible infarto leve en julio y cicatrices por heridas sufridas durante su captura.
Los defensores de la pareja han solicitado además la desestimación del caso invocando inmunidad por los cargos oficiales de Maduro y Flores. Como alternativa a la prisión, proponen que Flores resida en un chalet privado con un dispositivo de localización y seguridad permanente, gastos que, según la petición, asumiría el gobierno de Delcy Rodríguez, al igual que la costosa defensa legal del expresidente.
La Fiscalía de Manhattan se opone enérgicamente a la liberación, argumentando un riesgo de fuga “extremo” dados los vínculos internacionales de la pareja, especialmente con países sin tratados de extradición con EE. UU., y asegura que Flores recibe la atención médica adecuada. También advierten que su libertad podría poner en peligro a denunciantes y testigos y critican que permitir la excarcelación por razones económicas equivaldría a un trato discriminatorio frente a quienes no pueden costearlo. Flores, por su parte, sostiene que no existe riesgo de fuga y que desea permanecer para apoyar a su esposo.
