El viernes 25, al regresar de Estados Unidos, asistí a la clausura del Campus FAES en la Fundación Ortega-Marañón. Tras seguir durante una semana la actividad de Pedro Sánchez en torno a la apertura de la Asamblea General de la ONU, me invadió una mezcla de urgencia y esperanza. Paso a explicarlo.
El viaje se justificaba por la intervención ante la Asamblea General, pero incluyó otros episodios relevantes: una entrevista con la periodista Christiane Amanpour sobre Ceuta y una intervención en Harvard cuyo coloquio puso sobre la mesa las acusaciones de corrupción vinculadas al entorno de La Moncloa.
La comparecencia en Harvard resultó especialmente incómoda. Un estudiante, investigador en seguridad de la inteligencia artificial, coincidió con la crítica sobre la influencia del dinero en la política y luego enumeró las causas judiciales que afectan al entorno del presidente, preguntando cómo pensaba recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Ese tipo de preguntas forman parte de la dinámica de estos foros.
La respuesta de Sánchez, habitual en su serenidad, mostró sin embargo titubeos. Admitió la existencia de casos de corrupción en su Gobierno y en su partido y afirmó haber actuado, pero cuando el asunto llegó a su familia lo calificó de “política sucia” y reprochó al estudiante haber juzgado a sus allegados, pese a que la pregunta era descriptiva. La acumulación de causas y sospechas en su círculo ha generado una atmósfera difícil de ignorar más allá de nuestras fronteras.
Durante años, la imagen internacional de Sánchez se apoyó en ventajas personales: buena presencia ante las cámaras, solvencia en el trato y un inglés aceptable. Hoy esos problemas internos lo acompañan fuera de España y limitan la proyección internacional del país cuando el presidente queda marcado por asuntos nacionales.
En la entrevista con Amanpour, se le preguntó por la entrada masiva de personas en Ceuta y por si se habían desoído advertencias previas. Sánchez situó a Ceuta y Melilla como ciudades españolas y frontera europea y pidió la solidaridad de los socios comunitarios. Esa respuesta encontró respaldo institucional, como dejó claro la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La intervención ante la Asamblea General buscó, con claridad, centrar el relato en la figura del presidente. Empezó por comparar el mundo actual con el de su primera intervención ocho años antes y avanzó una distinción moral entre quienes defienden el multilateralismo y quienes lo atacan, sin señalar explícitamente a otros actores, aunque el objetivo pareció claro hacia ciertos destinos políticos.
Sánchez dedicó un tramo a reivindicar la ONU y a cuestiones como el feminismo y la propuesta de una mujer latinoamericana para suceder a António Guterres. No obstante, hay asuntos urgentes —seguridad, soberanía estatal y la prohibición de cambiar fronteras por la fuerza— que afectan a Ucrania y también a España. En su intervención presumió de haberse negado a aumentar el gasto militar al 5%, sin precisar que el pacto de La Haya diferencia entre 3,5% para defensa y 1,5% para inversiones relacionadas con la seguridad, lo que suscita dudas sobre si esa postura responde a intereses nacionales o a cálculos personales.
Ceuta apareció brevemente como ejemplo de causas sociales que explican la crisis —desigualdad, desesperación y desinformación— sin aludir a la responsabilidad de Marruecos ni al estado real de una relación bilateral clave para la seguridad. Resultó llamativo que desde la tribuna de la ONU no pronunciara una mención a Europa o a la Unión Europea, pese a haber pedido solidaridad continental en otros foros.
El contraste con otros líderes europeos fue notable. Emmanuel Macron articuló su discurso en torno a intereses nacionales conectados con prioridades europeas como Ucrania y la seguridad en Ormuz. Antonio Tajani combinó principios e intereses concretos relacionados con África y el corredor India-Oriente Medio-Europa. La política exterior efectiva mezcla valores y práctica —geografía, intereses, alianzas y herramientas— y no puede limitarse a la proyección personal del jefe de Gobierno. España, por su situación y compromisos, necesita continuidad y acuerdos más allá de las afinidades ideológicas.
Con estas impresiones llegué al Campus FAES, donde José María Aznar criticó el “muro” levantado por Sánchez al afirmar que los españoles deben decidir con qué partido cuentan, en lugar de que un partido decida qué españoles existen. Alberto Núñez Feijóo defendió el sentido de Estado y la gestión con “cabeza fría y pulso firme”, proponiendo reconstruir un contrato social que reconozca las obligaciones mutuas entre los ciudadanos.
La cuestión central es esa: España necesita un proyecto nacional que no dependa de las inclinaciones personales del gobernante ni de las conveniencias partidistas, que vuelva a integrar a los ciudadanos en lugar de dividirlos y que recupere la confianza en las instituciones. Debe mirar al mundo desde sus intereses como nación europea y Estado, no desde las batallas particulares de sus líderes. Como rezaba un lema citado, “Del pasado será responsable quien lo sea; del porvenir somos responsables nosotros.”
Ese es el desafío: asumir la responsabilidad del futuro. Y, según concluyo, la cuenta atrás ha comenzado.
