Las “cucarachas” habían anunciado que saldrían a las calles de Nueva Delhi este sábado. Al llegar al centro de la capital se encontraron, sin embargo, con una ciudad fuertemente custodiada: barricadas metálicas amarillas, furgones policiales, agentes antidisturbios y miles de paramilitares rodeaban Jantar Mantar, el habitual punto de concentración de las protestas.
Estaciones de metro cerradas, decenas de trenes cancelados y la interrupción de la conexión a internet móvil en gran parte del centro completaban el panorama. Las emisiones de televisión mostraron a policías persiguiendo pequeños grupos de jóvenes, reduciéndolos y subiéndolos a vehículos.
El país que se define como la mayor democracia del mundo desplegó así un amplio dispositivo de seguridad para impedir una manifestación convocada precisamente en defensa de la democracia.
El movimiento detrás de la protesta tiene un nombre provocador: Partido Janata de la Cucaracha (CJP). Nacido en mayo como sátira en redes sociales, se convirtió en un movimiento juvenil que ha movilizado a miles de estudiantes y activistas contra el gobierno nacionalista. Sus líderes asumen la metáfora de las cucarachas: seres que sobreviven aun cuando el poder intenta aplastarlos.
Su causa principal es la supresión de cerca de 130 millones de nombres de los padrones electorales, una cuestión que amenaza con sacudir las bases del sistema político indio.
La jornada se abrió con una detención simbólica. Abhijeet Dipke, fundador del movimiento, fue arrestado al aterrizar en el aeropuerto de Delhi procedente de Bombay. Según la organización, la Policía le exigió cancelar la protesta, prohibida por las autoridades. Otros dos dirigentes, Saurav Das y Ashutosh Ranka, también fueron detenidos a su llegada.
Antes de ser arrestado, Dipke publicó en X un mensaje desafiante: “El dictador prefiere cerrar toda la capital nacional y perjudicar a millones de ciudadanos antes que permitir una protesta pacífica en un lugar autorizado para manifestaciones”.
En el centro de la capital, alrededor de 200 manifestantes quedaron bajo custodia policial, según una fuente citada por Reuters. Fuera de Delhi fue retenido, entre otros, Dhruv Rathee, conocido comentarista político de YouTube y crítico habitual del Gobierno.
El operativo se había activado la víspera: más de 25.000 policías y fuerzas de seguridad fueron movilizados, se ordenó el cierre de 57 estaciones de metro y se establecieron numerosos puntos de control para interceptar a manifestantes antes de que llegaran a Jantar Mantar. El movimiento afirma que al menos 10.000 simpatizantes fueron detenidos en todo el país, cifra que no ha podido verificarse de forma independiente. Algunos estudiantes fueron interceptados en sus desplazamientos hacia Delhi.
El Tribunal Supremo había cuestionado la proporcionalidad de las restricciones y mostró su preocupación por el cierre masivo del transporte público, instando a no paralizar indebidamente la ciudad. The Indian Express recogió la metáfora utilizada en la audiencia: no se puede usar un martillo para matar una mosca. Aun así, el aparato de seguridad continuó con su despliegue.
El conflicto tiene su origen en una disputa sobre el derecho al voto. La Comisión Electoral de India puso en marcha una revisión intensiva del censo, conocida por sus siglas inglesas SIR, para eliminar registros duplicados, fallecidos y votantes que supuestamente ya no cumplen los requisitos. Ese proceso ha llevado a la exclusión de unos 130 millones de nombres en distintas fases, y millones de afectados han presentado reclamaciones para recuperar su inscripción.
La oposición acusa que detrás de esta operación administrativa hay una maniobra política diseñada para favorecer al Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi. Sus críticos sostienen que las exclusiones afectan de forma desproporcionada a comunidades musulmanas, sectores empobrecidos y votantes afines a partidos opositores.
En algunas áreas, errores burocráticos, fallos en la transcripción de nombres y dificultades para acreditar registros familiares antiguos han dificultado que ciudadanos legítimos permanezcan en el padrón. La Comisión Electoral y el BJP rechazan las acusaciones y defienden la revisión como una medida necesaria para garantizar la integridad electoral.
Modi, en el poder desde 2014 y en su tercer mandato, afronta ahora una nueva expresión de descontento de la generación Z. No es la primera: hace meses, las protestas juveniles por filtraciones en exámenes oficiales precipitaron la salida del ministro de Educación. Aquellas movilizaciones pusieron de manifiesto el malestar de una juventud que, pese al crecimiento económico mostrado por el Ejecutivo, enfrenta grandes dificultades para acceder a empleos estables y oportunidades profesionales.
La irrupción de las “cucarachas” introduce además un ingrediente distinto en la protesta política india. Frente a las estructuras tradicionales de los grandes partidos, el CJP emplea el humor, vídeos virales y una estética irreverente para conectar con jóvenes que desconfían tanto del Gobierno como de buena parte de la oposición. Sus llamados en redes han desembocado en movilizaciones en las calles, donde confluyen estudiantes, organizaciones civiles y fuerzas opositoras.
El desafío llega en un momento delicado: a comienzos de 2027 se celebrarán elecciones regionales clave, entre ellas las de Uttar Pradesh, el estado más poblado de India y un bastión del nacionalismo hindú. Una caída de la confianza en la neutralidad de la Comisión Electoral podría provocar una crisis de legitimidad justo cuando Modi necesita demostrar que su dominio político sigue intacto.
