La sucesión de Jorge Lanata continúa siendo motivo de tensión entre sus herederas y Elba Marcovecchio. Según las informaciones, Bárbara y Lola Lanata atraviesan dificultades económicas mientras avanza el trámite sucesorio. Uno de los principales conflictos gira en torno a una propiedad de lujo en Punta del Este, cuyo destino complica el avance del proceso.
Marina Calabró informó en el programa Primicias Ya que, según las versiones que cita, las hijas no habrían recibido fondos de la herencia y enfrentan apremios financieros. Señaló además que, en términos de la ley uruguaya, la casa de Punta del Este correspondería enteramente a las herederas, aunque existen obstáculos prácticos para disponer de ella.
De acuerdo con lo señalado, Bárbara y Lola buscan vender la propiedad en Uruguay para acceder a esos recursos. El problema central es la diferencia sobre el precio: mientras se estima un valor de mercado de 1.500.000 dólares, se habría ofrecido venderla en 2.500.000 dólares, una cifra que hasta ahora no atrae compradores.
El conflicto se habría complicado porque las herederas firmaron un acuerdo que cedería a Elba un tercio de la casa, y esa situación impediría la venta, lo que a su vez frena el resto de la sucesión. En consecuencia, las hijas no podrían disponer de una parte de los bienes de su padre y afrontan dificultades para mantener su nivel de vida, según las fuentes citadas.
LOS GASTOS MILLONARIOS DE LA CASA DE PUNTA DEL ESTE
A la dificultad para concretar la venta se suman los costos de mantener la propiedad. En el mismo informe, Gustavo Descalzi detalló algunos de los gastos que deben afrontarse mientras el inmueble permanece sin comprador.
Según el reporte, deben pagar dos tasas municipales por alrededor de 30.000 dólares, además de un impuesto patrimonial. A eso se suman servicios y mantenimiento —luz, gas, jardinería y otros arreglos— que se estiman en aproximadamente 50.000 dólares.
Por todo ello, la casa de Punta del Este se convirtió en un punto central de la disputa por la herencia de Jorge Lanata: continúa generando gastos y, al no venderse al precio pretendido, dificulta la resolución del proceso sucesorio.
