El canciller Friedrich Merz rechazó de manera tajante la propuesta central con la que Die Linke ganó las elecciones en Berlín: expropiar grandes inmobiliarias para transferir al sector público unas 220.000 viviendas y limitar los alquileres. Merz afirmó que en Alemania no habrá expropiaciones, señaló que el Gobierno federal prepara una ley para impedirlas y expresó su confianza en que se aprobará pronto.
Antes del paréntesis estival ya había advertido sobre el impacto de esa iniciativa en la imagen y la seguridad jurídica del país. En julio dijo que en el resto del mundo se preguntan si en Alemania habrá expropiaciones y que la respuesta del Ejecutivo sería clara y contundente: no. Añadió que, en este caso, se actuará mediante una ley federal que las prohíba.
Merz sostiene que una decisión local en Berlín no se limitaría a la ciudad, sino que afectaría a la confianza de los inversores. La perspectiva de expropiaciones, según él, podría ahuyentar el capital privado necesario para construir nuevas viviendas y para el desarrollo económico de una ciudad-estado con elevada deuda y grandes necesidades de inversión.
La postura del canciller choca con la de Elif Eralp, la candidata de Die Linke que obtuvo el 25,7% de los votos. Para Eralp la expropiación es una condición esencial para negociar una coalición con Verdes y SPD. Este lunes reiteró que, si Die Linke entra en el Gobierno, habrá socialización, y defendió su viabilidad jurídica y financiera, además de considerarla una herramienta para mantener la vivienda asequible.
El plan de Die Linke prevé transferir al sector público alrededor de 220.000 pisos de grandes empresas inmobiliarias, con la correspondiente indemnización a los propietarios. La iniciativa retoma el referéndum de 2021, en el que el 58% apoyó la socialización de empresas con más de 3.000 viviendas; aquella consulta no fue vinculante y no llegó a aplicarse por gobiernos posteriores.
La agenda del partido va más allá de la expropiación: propone despenalizar y legalizar la ocupación de inmuebles vacíos, suprimir la llamada “línea berlinesa” que facilita la actuación rápida contra ocupaciones y reconocer como derecho permanente la residencia en viviendas desocupadas por más de un año, salvo que el propietario ofrezca el inmueble en alquiler a un precio socialmente aceptable.
El impacto económico
El coste estimado de la expropiación ronda los 20.000 millones de euros, una cifra difícil de asumir para una ciudad que cerró 2025 con una deuda de 66.000 millones y que afronta en 2026 un desfase presupuestario de unos 5.400 millones. Ese gasto obligaría a destinar miles de millones a comprar viviendas ya existentes y ocupadas, en lugar de invertir en construir nuevas, rehabilitar las que hay o modernizar infraestructuras, y abriría una larga disputa judicial sobre la proporcionalidad de la medida y la cuantía de las indemnizaciones.
La firmeza de Eralp puede volverse en su contra. Aunque Die Linke ganó las elecciones, no tiene mayoría parlamentaria y necesita a Verdes y SPD para gobernar. Los Verdes muestran apertura pero plantean dudas jurídicas y financieras relevantes; el candidato del SPD, Steffen Krach, ha descartado con rotundidad que la medida prospere.
Si Eralp mantiene la expropiación como condición innegociable y el SPD se opone, Die Linke podría bloquear su propia opción de formar gobierno. Socialdemócratas y verdes tendrían la alternativa de pactar con la CDU, segunda fuerza electoral, lo que permitiría a los conservadores retener la alcaldía pese a haber perdido votos. En el sistema parlamentario alemán, ser el partido más votado no garantiza automáticamente el poder.
La vivienda es uno de los problemas más acuciantes de Berlín, como en muchas capitales europeas: la población ha crecido más rápido que la construcción y la oferta resulta insuficiente. En 2025 la renta media anunciada fue de 15,78 euros por metro cuadrado y la Investitionsbank Berlin habló de un “desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda”.
La propuesta de Die Linke no aumentaría la oferta de viviendas. Expropiar cambiaría la titularidad de 220.000 viviendas existentes y, en su mayoría, ocupadas, pero no añadiría nuevas unidades al mercado. Podría contener los alquileres para sus actuales inquilinos, pero quienes buscan vivienda seguirían compitiendo por una oferta limitada.
Además, como señaló Merz, la amenaza de expropiación puede erosionar la seguridad jurídica, desincentivar a inversores y complicar la financiación de nuevos proyectos. Si empresas, fondos y bancos temen que sus inmuebles puedan ser socializados, es probable que desvíen su capital a otras ciudades, lo que impediría la creación de nuevas viviendas y podría agravar la escasez.
La tensión ya se refleja en el mercado: las acciones de Vonovia cayeron un 2,2% este lunes tras las reiteraciones de Eralp. Una encuesta de la asociación de empresas inmobiliarias de Berlín y Brandeburgo indicó que el 37% de las compañías ha aplazado inversiones por la inseguridad política, afectando a 3.480 viviendas proyectadas, y que el 77% ya trata la posibilidad de socialización en sus conversaciones con bancos y financiadores.
La contradicción aumenta porque Die Linke también se opone a varios proyectos que incrementarían la oferta. Rechaza construir en el antiguo aeropuerto de Tempelhof, donde se propusieron 21.400 viviendas, y se opone o limita otros desarrollos en Pankow y Späthsfelde. En conjunto, son cerca de 24.000 viviendas propuestas que han encontrado resistencia de la izquierda y de grupos ecologistas.
Con este posicionamiento, Merz ha levantado el primer gran muro frente al programa que llevó a Die Linke al triunfo en Berlín. El Gobierno federal, formado por conservadores y socialdemócratas, busca cerrar jurídicamente la puerta a las expropiaciones, mientras Eralp insiste en convertirlas en requisito para entrar en el Ejecutivo berlinés, lo que amenaza con impedir un acuerdo con el SPD y facilitar el regreso de la CDU al Ayuntamiento Rojo.
