Los manifestantes en India han aprendido a eludir controles policiales, sortear calles cortadas y buscar vías alternativas cuando se suspende el transporte público. Muchos caminan kilómetros para llegar a los puntos de concentración o viajan desde otras ciudades pese a los cortes de internet móvil y al riesgo de ser interceptados antes de alcanzar la capital.
En las últimas semanas, protestar contra el Gobierno de Narendra Modi se ha convertido en una carrera de obstáculos: la Policía ha detenido a miles de personas, prohibido concentraciones y desplegado más agentes para contener movilizaciones que representan uno de los mayores desafíos al Ejecutivo desde 2014.
El último episodio tuvo lugar el viernes con la detención de Abhijeet Dipke, fundador del autodenominado Partido Popular de las Cucarachas (CJP), un movimiento que nació como sátira en internet y ganó relevancia política. Dipke había convocado a sus seguidores en Connaught Place para ondear la bandera nacional.
Las autoridades cerraron el parque previsto, desplegaron un amplio dispositivo y ordenaron la cancelación de la convocatoria. Dipke se negó y fue arrestado antes de poder encabezar la protesta; en imágenes aparece con la bandera tricolor preguntando si había infringido la ley. También fue detenida Neha Bora, una dirigente estudiantil, aunque luego quedó en libertad.
La ausencia de líderes no vació las calles: miles de manifestantes se reunieron, izaron banderas y corearon consignas contra el Gobierno y la Comisión Electoral. Protestas similares, aunque de menor intensidad, se registraron en otras grandes ciudades como Bombay.
«Solo estamos aquí para ondear pacíficamente la bandera india y nos tratan como si fuéramos criminales… No dejaremos de protestar», dijo Sanna, una manifestante de 23 años, a la agencia AFP.
El foco de la indignación es una revisión del censo electoral que ha eliminado más de 130 millones de nombres de las listas de votantes, una cifra superior a la población de Japón. La Comisión Electoral afirma que se trata de una depuración administrativa para eliminar fallecidos, cambios de residencia e inscripciones fraudulentas.
La oposición acusa al organismo de favorecer al Bharatiya Janata Party (BJP) y de excluir desproporcionadamente a musulmanes, otras minorías religiosas y comunidades pobres alejadas del nacionalismo hindú. El Gobierno niega cualquier manipulación electoral.
El conflicto ha trascendido a las instituciones: la oposición acudió al Tribunal Supremo para solicitar una auditoría independiente y la suspensión de las eliminaciones del censo. En las calles, los jóvenes expresan un malestar que va más allá de las urnas, vinculando las protestas con el desempleo juvenil, la desigualdad y la falta de oportunidades.
La Policía india detiene a otro manifestante durante las últimas protestas. EFE
En el centro de estas movilizaciones está el movimiento llamado “cucarachas”. Surgido en mayo como una provocación satírica en redes, se transformó en un canal de movilización de la generación Z; el nombre, tomado de un insecto despreciado, se adoptó como símbolo de resistencia y ha unido a estudiantes, activistas y partidos opositores en torno al conflicto electoral.
La detención de Dipke se produjo después de que otros dos líderes de las “cucarachas”, Saurav Das y Ashutosh Ranka, fueran enviados a prisión preventiva por intentar manifestarse en Jantar Mantar, un lugar emblemático de protesta que la Policía había retirado de la lista de espacios autorizados, convirtiendo una práctica habitual en motivo de intervención.
«Si ondear la bandera nacional india nos lleva a la cárcel, estamos preparados», dijo Dipke antes de ser detenido, y acusó al BJP de hipocresía al recordar que muchos de sus actuales dirigentes hicieron carrera organizando protestas cuando estaban en la oposición.
Amnistía Internacional criticó la creciente dureza policial, pidió la liberación de activistas encarcelados y documentó miles de detenciones durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre, así como restricciones al transporte y a internet, arrestos preventivos y la interceptación de viajeros que intentaban llegar a Delhi. La organización también registró denuncias de periodistas por agresiones, confiscación de equipos y acoso sexual a reporteras.
«No se puede utilizar el sistema de justicia penal para castigar el derecho a la reunión pacífica», afirmó Aakar Patel, presidente de Amnistía Internacional India, advirtiendo de «fuertes tendencias autoritarias» y del riesgo de que los espacios públicos dejen de ser lugares donde la disidencia tenga cabida.
El BJP ofrece otra lectura: sus portavoces acusan a la oposición de instrumentalizar a los estudiantes para desestabilizar el país. Sambit Patra, portavoz nacional del partido, llegó a calificar las acciones como un intento de golpe de Estado. El Ejecutivo sostiene que la revisión electoral busca garantizar la limpieza de los comicios y describe las protestas como una campaña política destinada a desacreditar las instituciones.
