El 21 de septiembre, alumnos del instituto Saint-Exupéry en Créteil, en las cercanías de París, salieron a protestar por la escasez de docentes y el mal funcionamiento del centro. Su movilización se propagó rápidamente por Francia y puso de relieve una crisis en la educación que ha derivado en episodios de violencia callejera.
Las razones
Los estudiantes reclamaban más profesores y horas lectivas, mejores instalaciones y material informático, y condiciones menos masificadas en las aulas. El Estado francés tiene dificultades para cubrir ciertas plazas docentes por las condiciones precarias de trabajo y los bajos salarios, especialmente en algunas zonas. Los docentes contratados también protestan por retrasos o problemas en el cobro de su salario, lo que ha sumado parte del profesorado a las movilizaciones.
Detrás de estas demandas también hay una crítica a la desigualdad territorial: los distritos más pobres, con elevada población migrante como Seine-Saint-Denis, registran peores infraestructuras y recursos que los barrios más acomodados. En algunos institutos periféricos se denuncia la existencia de aulas con hasta 35 alumnos y la escasez de materiales y docentes.
El coste de la vida
Las protestas coinciden con la elaboración del presupuesto de 2027: el anuncio de recortes por 54.000 millones de euros ha aumentado el temor a ajustes en educación. Además, el descontento alcanza a estudiantes universitarios, que afrontan el coste del alquiler y dependen de ayudas al alquiler que el Gobierno baraja suprimir para recortar gasto.
El encarecimiento de la vida ha agravado la situación de muchos jóvenes: en 2025, una encuesta de Union Étudiante indicó que el 48% de los estudiantes había llegado a renunciar a comer por motivos económicos, y los costes vinculados a la educación pública universitaria han subido un 25% desde 2020.
El 29 de septiembre la movilización se intensificó a nivel nacional cuando los estudiantes se sumaron a la huelga de empleados públicos, que también protestaban por la precariedad y los posibles recortes presupuestarios.
Las redes sociales
La difusión en redes sociales como TikTok y Snapchat contribuyó a amplificar las convocatorias y coordinar movilizaciones. Las autoridades educativas advirtieron sobre la circulación de llamadas a la protesta por estas plataformas.
En algunos casos, bloqueos estudiantiles derivaron en enfrentamientos con la policía, incendios en varios institutos y detenciones o heridas entre participantes, aunque la mayoría de las acciones fueron pacíficas. Según el ministro de Educación, Édouard Geffray, buena parte de quienes protagonizaron episodios violentos no eran alumnos de los centros afectados; por ello instó a los padres a evitar que sus hijos participen en bloqueos para protegerlos.
Escalada política
La situación adquirió un tono político: Jean-Luc Mélenchon denunció que el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu había pedido medidas represivas contra los estudiantes y animó a mantener los bloqueos, mientras que el Ejecutivo acusó a La Francia Insumisa (LFI) de instrumentalizar las protestas.
La participación del alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko (LFI), en un centro bloqueado generó controversia tras difundirse un vídeo en el que aparta una basura ardiendo; la extrema derecha llegó a acusarle de provocar incendios en los institutos. Otros cargos de LFI han apoyado los bloqueos, lo que motivó acusaciones del Gobierno y de la derecha sobre la responsabilidad del partido en las movilizaciones.
En conjunto, las protestas se han convertido en un nuevo desafío político para el Ejecutivo de Lecornu: los jóvenes reclaman condiciones educativas más justas y expresan su preocupación por unos presupuestos que podrían deteriorar aún más su situación.
