El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron el inicio de una investigación sobre las billeteras virtuales. El objetivo es conocer los criterios empleados para fijar las tasas de interés y determinar la composición real del Costo Financiero Total (CFT).
Según las autoridades, la medida busca proteger a los usuarios frente a denuncias por posibles abusos e incumplimientos de la ley de Defensa del Consumidor.
En la Sala de Conferencias, Kicillof señaló que la situación es grave: dijo que aproximadamente el 60% de la población adulta está endeudada y que cerca de 6 millones de personas se encuentran en mora y no pueden afrontar sus deudas.
El gobernador atribuyó este panorama, en parte, a las políticas económicas nacionales, que habrían reducido los ingresos familiares y obligado a muchas personas a recurrir al crédito para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y alquiler.
Kicillof añadió que las billeteras virtuales, además de funcionar como medio de pago, están ofreciendo colocación de fondos y créditos sin estar sujetas a las mismas regulaciones macroprudenciales que aplican a otras entidades, y afirmó que la provincia actuará dentro de sus competencias para proteger a las familias ante esa situación.
Denuncias
Por su parte, Costa afirmó que, solo en el primer semestre del año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra empresas como Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por presuntos incumplimientos de la normativa, acoso y hostigamiento.
Ante esos reclamos, se abrió un expediente de investigación y se solicitó a las firmas que informen de manera detallada los criterios para fijar las tasas de interés y la composición real del CFT.
Las actuaciones ya están en marcha: las fintech involucradas deberán presentar sus descargos. Si se comprueban incumplimientos, la normativa prevé multas de hasta $1.883 millones y la obligación de corregir las irregularidades. Costa concluyó que, mientras el gobierno nacional no actúa, la provincia empleará todas las herramientas a su alcance para acompañar a las familias vulnerables y evitar nuevos abusos.
