El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió el papel que cumplió el exvacunatorio del kilómetro 46 de la Panamericana y expresó su preocupación por el abandono del predio, tras difundirse videos que muestran el interior con vacunas vencidas, camillas y documentación desordenada.
Según el funcionario, el 13 de marzo de 2025 la Justicia ordenó el desalojo del predio —donde funcionaba un vacunatorio y otras dependencias municipales de Pilar— y no permitió retirar el material de trabajo, las vacunas ni los insumos correspondientes al funcionamiento del lugar.
Kreplak señaló que el inmueble permaneció custodiado durante más de un año para hacer cumplir la resolución judicial que devolvió el edificio a sus anteriores propietarios y puso fin a la cesión al Municipio, lo que impidió el retiro de los elementos.
La Legislatura bonaerense había cedido el edificio a la Comuna en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico relacionada con la construcción del lugar, que originalmente estaba destinado a cocheras privadas. Durante la pandemia, la gestión local lo utilizó como centro de testeo y vacunatorio, y luego se sumó allí una dependencia de Licencias de Conducir.
El año pasado, según informó Pilar de Todos, la Prefectura ejecutó un operativo por orden judicial para desalojar y restituir el predio a su dueño original, sin que empleados y funcionarios pudieran retirar los bienes allí almacenados.
Kreplak lamentó el estado actual del espacio y dijo que es “la contracara” de lo que fue: un vacunatorio modelo durante una de las campañas sanitarias más importantes del país, y calificó el lugar como “totalmente vandalizado”.
El ministro indicó que en ese vacunatorio se aplicaron más de 440.000 dosis contra el COVID-19 y que, concluida la campaña, el predio siguió operando como un referente sanitario para Pilar y la región.
La postura de Kreplak coincidió con la del Municipio de Pilar, que aclaró que mientras el edificio estuvo a su cargo se mantuvo en condiciones y funcionó como un vacunatorio modelo donde se aplicaron cientos de miles de vacunas.
El Ejecutivo local difundió además fotos y videos para demostrar que el lugar estaba en buen estado y en funcionamiento el día del desalojo.
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El Municipio señaló que perdió el acceso al predio el 13 de marzo de 2025 por una resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, del Juzgado Federal N°8 de Comodoro Py, que restituyó el edificio a su titular original: el abogado pilarense Mateo Corvo Dolcet, del fondo Pilar Bicentenario, investigado por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
En la misma línea, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, explicó que la Legislatura provincial había expropiado el edificio “para darle fines sociales”, pero que el juez federal decidió devolverlo a la empresa investigada. Bianco señaló que el desalojo se realizó “de un día para otro” y que eso impidió retirar el equipamiento y los medicamentos.
Cáceres pide la extinción de dominio
La oposición también intervino en la polémica. Adriana Cáceres, exedil y dirigente del PRO en Pilar, sostuvo que si se confirma la vinculación del inmueble con una causa de lavado de dinero debería aplicarse el régimen de extinción de dominio.
Cáceres planteó que, de estar un bien afectado por delitos vinculados al narcotráfico, corresponde recuperarlo para los vecinos y reclamó que se incluya en la agenda la recuperación y reutilización pública del predio del km 46 para que deje de ser “un elefante blanco”.
Leguizamón pide informes por los datos expuestos
Por su parte, la concejal del PRO Analía Leguizamón presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo aclare qué ocurrió con las vacunas, la documentación y los carnets de conducir que quedaron en el predio tras el desalojo, en particular por la posible afectación de datos personales.
