Según fuentes cercanas, durante meses Rusia habría planeado asesinar en Estados Unidos al exajedrecista y líder opositor Garry Kasparov. Este verano, las autoridades estadounidenses informaron al fundador del Free Russia Forum de que era un “objetivo” de un supuesto plan del Kremlin, y por primera vez desde su exilio en Nueva York en 2013 se le asignó protección especial. Paralelamente, los indicios de un complot estaban más avanzados contra Ilya Ponomarev, el único diputado ruso que votó contra la anexión de Crimea y que desde el exilio ha colaborado con la defensa ucraniana.
La fiscalía de EE. UU. ha hecho públicos los nombres de cinco presuntos conspiradores vinculados al Kremlin, lo que, según las autoridades, reflejaría una escalada en la persecución de disidentes y en la extensión de acciones en territorio occidental. La coincidencia temporal entre los contactos de los organizadores con quienes iban a ejecutar los ataques y las alertas recibidas por Kasparov y Ponomarev apunta a que ambos habrían sido blanco en EE. UU.; además, se planeó apuñalar —o incendiar con gasolina— a otra persona en Vilna, Lituania.
Los fiscales describen una red que trabaja para servicios de inteligencia rusos, identificada como la “Red RIS”, activa al menos desde 2024 y dedicada a organizar ataques en Europa mediante saboteadores y delincuentes locales. Ahora, según la acusación, esa estructura intentó ampliar operaciones hasta Estados Unidos, un escenario que históricamente Moscú evitaba. Los fiscales sostienen que el presidente Vladimir Putin está adoptando una línea más agresiva contra opositores en el extranjero.
Ocho guardaespaldas
Kasparov ha vivido durante décadas con la preocupación por su seguridad. Tras dejar el ajedrez en 2005 para dedicarse a la política contrató un equipo de ocho guardaespaldas que lo protegían en Rusia y hasta le proporcionaban comida y bebida para evitar que consumiera alimentos expuestos en público. En 2012 dijo preferir viajar sin ellos cuando salía del país, pero las amenazas lo forzaron a exiliarse en 2013 y desde entonces no ha regresado. Tras el inicio de la invasión de Ucrania fue inscrito como “agente extranjero” y en 2024 como “terrorista y extremista”; en mayo de 2026 Rusia lo incluyó en una lista de búsqueda internacional. Fuentes indican que las autoridades estadounidenses le confirmaron este verano que figuraba como objetivo.
Ilya Ponomarev encaja en la categoría de “traidor” para el régimen: exdiputado y único voto en contra de la anexión de Crimea en 2014, se exilió y desde entonces ha apoyado la defensa ucraniana, fundó el medio opositor ‘Utro Fevralya’ y promovió un Congreso de Diputados del Pueblo como alternativa política. Afirma haber sobrevivido a varios intentos de asesinato.
Ponomarev divide su tiempo entre Kiev y Washington, donde mantiene una vivienda y una oficina que utiliza como delegación de su plataforma en EE. UU. Según la acusación, una persona reclutada por Moscú fotografió dos lugares en Washington relacionados con la llamada ‘Víctima Número 1’, y el precio ofrecido por su asesinato ascendía a 40.000 dólares.
El encargo incluía localizar los lugares y grabar videos de al menos 30 segundos desde distintos ángulos. Para demostrar que las imágenes eran recientes, debían incluirse señales convenidas —por ejemplo, un pulgar levantado o el gesto de “OK”—. Los conspiradores usaban lenguaje cifrado: “medir un terreno y dar las medidas” para la vigilancia previa y “construcción” para referirse al asesinato. Ofrecían entre 1.000 y 1.500 dólares por esas grabaciones. Según el periódico, el hombre fue detectado por cámaras de seguridad y finalmente se retiró, por lo que el asesinato no llegó a consumarse.
Cinco hombres
La fiscalía sostiene que cinco personas integraban esta red vinculada a los servicios rusos, dedicada a reclutar colaboradores para vigilar y asesinar opositores y para llevar a cabo sabotajes en países que apoyan a Ucrania. Todos están acusados de conspiración para financiar actos terroristas y tres también de conspiración para cometer asesinato por encargo. Entre los sospechosos figuran Yuri Jrameev, un antiguo coronel de inteligencia que trabajó con Putin en su juventud, su hijo Kirill, oficial del FSB, además de dos cubanos y un venezolano. Todos residen en Rusia y permanecen prófugos.
En la red aparece un nombre ya investigado por Lituania: el cubano Oemis Romagoza Durruthy, enseñante de baile señalado por las autoridades como colaborador de servicios rusos que en 2024 presuntamente instigó a dos españoles a incendiar una empresa lituana que presta servicios a Ucrania. Ese intento de sabotaje, por el que se ofrecieron 4.000 euros, terminó con la detención de los implicados en Riga.
Otros dos reclutadores residentes en Rusia —Yaidel Delgado Suárez, un cubano de 35 años apodado “Vikingo”, y Ángel Eduardo Castro, venezolano de 22— habrían buscado colaboradores para atentar en suelo estadounidense. El plan consistía en eliminar a uno o dos disidentes y enviar así un mensaje disuasorio. Según la investigación, Castro contactó en verano con un compatriota en Brooklyn y le pidió, entre otras instrucciones, borrar la conversación, acercarse al barrio de la víctima con el teléfono en modo avión, grabar desde lejos y reducir la velocidad al pasar por la casa. El hombre realizó vigilancia y envió fotos y videos, pero solo aceptó tomar imágenes; Suárez le solicitó entonces que encontrara a alguien dispuesto a ejecutar la “construcción”.
Además de los dos objetivos confirmados en EE. UU., la fiscalía baraja a Vladimir Kara-Murza como posible blanco; Kara-Murza, que estuvo preso en Siberia y fue liberado en 2024 en un intercambio, ya sobrevivió a dos envenenamientos anteriores.
La segunda víctima
Una parte de la operación habría comenzado en Vilna. Yuri y Kirill Jrameev, según la acusación, pagaron alrededor de 200 dólares a un ciudadano estadounidense para fotografiar la dirección de un opositor ruso exiliado en la capital lituana; el reclutamiento para esa tarea arrancó alrededor del 24 de junio de 2025. El precio ofertado por el asesinato era de 25.000 dólares.
Desde 2024 tenían en el punto de mira a Ivan Tyutrin, exiliado en Lituania y cofundador en Vilna del Foro de la Rusia Libre junto a Kasparov. Tyutrin estuvo protegido durante parte de 2024, periodo en el que, según la fiscalía estadounidense, la red empezó a operar. En meses recientes la policía le avisó de que volvía a ser objetivo; el sumario no confirma si era él precisamente el disidente que esa red planeaba matar cerca de Vilna.
También figura como posible objetivo Ruslan Gabbasov, activista baskir exiliado en Vilna que reclama la independencia de Baskortostán; en 2025 detectó un dispositivo de seguimiento en su coche y las autoridades lituanas señalaron un plan para asesinarlo.
Históricamente, tanto Rusia como Estados Unidos han evitado realizar asesinatos en el territorio del otro. En las últimas décadas, los atentados más notorios atribuidos a Rusia se han producido principalmente en Reino Unido y en Europa continental, como el envenenamiento con Novichok de Sergei Skripal y su hija en 2018 en Salisbury, o el asesinato de Zelimkhan Jangoshvili en Berlín en 2019, perpetrado por un acusado vinculado al FSB. En 2024 también fue asesinado en España un desertor ruso, Maxim Kuzminov, que se pasó al bando ucraniano con su helicóptero en 2023.
La investigación detalla el uso recurrente de hispanohablantes en operaciones de sabotaje en Europa, en parte porque muchos disponen de residencia española que facilita su movimiento sin visado entre Rusia y la UE. La acusación estadounidense no imputa al Estado cubano y La Habana ha negado cualquier relación con estos hechos.
