“Que se queden sentados en el hotel”. Con esa frase despectiva, Serguéi Lavrov se refería a los europeos que hace diez días viajaron a Abu Dabi. El mensaje no fue sólo un desplante diplomático: para el ministro ruso, Washington y Moscú podrían gestionar la seguridad europea de forma bilateral, mientras que a los europeos les correspondería esperar decisiones tomadas por otros y aceptar, si fuera necesario, las obligaciones resultantes. Europa tiene razón al reclamar un sitio en la mesa de negociaciones, pero la insistencia en obtenerlo no debe ocultar una pregunta más exigente: qué mandato tiene quien se sienta y qué compromisos asume en nombre de los representados. Influir en un desenlace exige tener una posición, recursos para sostenerla y la voluntad de asumir sus consecuencias.
El jueves se reunieron en Shenzhen Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin. La breve declaración final no menciona a Ucrania ni a Irán, afirma que una guerra nuclear no debe librarse, propone reformar la ONU y defiende la inmunidad de los cargos públicos frente a la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, en Berlín, la Coalition of the Willing se encontró con Volodímir Zelenski y con los enviados especiales de Trump para las negociaciones de paz, Steve Witkoff y Jared Kushner. Impulsado por Londres y París en marzo de 2025 para apoyar a Ucrania y preparar garantías de seguridad, el grupo reúne a Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda. En Alemania estuvieron, además de las instituciones, 26 de los 27 Estados de la UE (todos excepto Malta) y los 32 aliados de la OTAN. Friedrich Merz calificó la cumbre de Shenzhen de “al parecer” poco más que una “sesión de fotos” y advirtió que un formato tipo Yalta no traería la paz. Emmanuel Macron señaló que, sin respaldo militar, Kyiv sufriría una desventaja mayúscula y propuso reabrir el debate sobre su ingreso en la OTAN. Andy Burnham sostuvo que no corresponde al agresor plantear exigencias de seguridad amplias e irrealistas. Kushner afirmó que trabajaban con Zelenski para sentar las bases de garantías de seguridad y que, desde su perspectiva, Trump consideraba una garantía similar al artículo 5 de la OTAN. Según POLITICO, Trump llamó desde el Air Force One y expresó su escepticismo ante la idea de que la coalición destinara miles de millones suplementarios a Ucrania; asimismo dijo a Reuters que Putin quería acordar y que los presentes “deberían llegar a un trato y gastar el dinero en su propio país”, sin aclarar qué garantías apoyaría su Administración.
Incluir la seguridad europea en la negociación daría a Putin lo que busca desde antes de la invasión: un reconocimiento de su influencia sobre los vecinos. Negociar las condiciones de un alto el fuego no es lo mismo que atribuir a Moscú la potestad de decidir las alianzas que otros Estados pueden escoger. Una invasión no otorga legitimidad. La Carta sobre la Seguridad Europea, aprobada en la cumbre de la OSCE en Estambul en noviembre de 1999, establece que todos los Estados participantes, incluida Rusia, tienen derecho a la seguridad; en su apartado 8 consagra la libertad de cada Estado para definir sus acuerdos de seguridad y alianzas o optar por la neutralidad. Rechazó las esferas de influencia y convenía que nadie debía reforzar su seguridad a costa de los demás. Esos compromisos deben interpretarse de forma conjunta: la seguridad indivisible no puede servir para convertir en indivisible el privilegio de uno y en divisible la soberanía del resto. Tras la disolución de la Unión Soviética, la cooperación se tradujo en principios y normas concretas. En 1994 Rusia se incorporó a la Asociación para la Paz, el programa de la OTAN para cooperar militarmente con países fuera de la Alianza; en 1997 la OTAN y Rusia firmaron el Acta Fundacional y crearon un mecanismo permanente de consulta en materia de seguridad, incluso en crisis. En 2002 ese mecanismo dio paso al Consejo OTAN-Rusia, en el que Moscú y los aliados podían tomar decisiones por consenso sobre intereses comunes. A pesar de discrepancias, la Alianza mantuvo cauces de diálogo que Moscú consintió usar.
Ucrania no puede reducirse a un instrumento de nuestra seguridad: corresponde a los ucranianos decidir sobre su territorio y su futuro. Pero si la falta de apoyos los obliga a aceptar las condiciones de Moscú, ¿qué libertad les quedará para negociar? Un alto el fuego plantea otra pregunta esencial: antes de aceptar, Ucrania debe saber con qué ayuda podrá contar y quién se compromete a prestarla. Cuando Kyiv renunció a las armas nucleares heredadas de la URSS, Moscú se obligó en el Memorándum de Budapest de 1994 a respetar sus fronteras y a no usar la fuerza contra ella; incumplió —de manera patente— esos compromisos al anexarse Crimea en 2014 y al lanzar la invasión a gran escala en 2022. Ese precedente exige aclarar quién verificará el cumplimiento del alto el fuego y qué harán los garantes si Rusia lo infringe. La ambigüedad puede facilitar una firma pero condenar lo firmado al fracaso.
La OTAN sigue siendo imprescindible para nuestra defensa. Europa necesita mantener la cohesión de la Alianza y la capacidad de sus ejércitos para operar conjuntamente. La disuasión depende de lo que el posible agresor crea que haremos: si cada compromiso parece negociable, Moscú puede confiar en que vacilaremos. No hace falta denunciar tratados para minar la confianza en su cumplimiento. Durante décadas Europa organizó su defensa bajo el paraguas de Estados Unidos, aun cuando divergía de Washington; Trump rompe o debilita ese vínculo. Incluso los atlantistas más firmes deben tenerlo en cuenta. Europa tiene que defender la Alianza desde sus propios intereses y no dar por supuesta la reacción norteamericana en caso de crisis; por tanto debe identificar cuanto antes en qué ámbitos depende de medios estadounidenses y empezar a reducir esa subordinación. El esfuerzo no se mide solo por porcentajes de gasto: importa qué se compra, cuánto tarda en llegar y con qué rapidez se puede reponer. Si cada país se abastece por su cuenta y con normas distintas, corremos el riesgo de pagar más por equipos que nuestros ejércitos no podrán proyectar juntos. La Unión puede financiar compras conjuntas, favorecer la producción y minimizar la fragmentación del mercado. Pero la seguridad europea excede su perímetro: el Reino Unido es indispensable; Noruega, Turquía y otros aliados europeos cuentan. Las normas de cooperación valdrán en la medida en que permitan repartir tareas y cumplir lo acordado.
Ese criterio debe prevalecer al valorar al equipo negociador europeo, formado por representantes de las instituciones de la Unión y de Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido. España, en un lamentable contratiempo debido a la política del Gobierno Sánchez, debe precisar qué aporta, qué exige y qué responsabilidades asume. Europa también dispone de instrumentos para imponer sus condiciones: puede condicionar el levantamiento de sanciones, el acceso a su mercado y los fondos de reconstrucción al cumplimiento de lo pactado. Si otorga esas ventajas por anticipado, pierde margen para reclamar contrapartidas. Una defensa común exige que nuestras sociedades comprendan qué protegemos y qué costes estamos dispuestos a asumir. Prometer protección sin esfuerzo prolonga la dependencia. Corresponde a Europa impedir que su seguridad se convierta en una concesión negociada por otros.
Sentarse a la mesa importa; lo decisivo, sin embargo, es acudir sabiendo qué queremos defender y convencer a los demás de que no rehuiremos ninguna acción necesaria para ello. El llamado es a la determinación.

