La policía turca irrumpió este miércoles en la sede de Halk TV, interrumpió su emisión en directo y entregó la emisora a un administrador judicial nombrado por el Gobierno. El canal se convierte en el quinto gran medio intervenido este año, tras Flash TV, Ekotürk, Habertürk y Tele1. Periodistas, líderes opositores y organizaciones de derechos humanos calificaron la medida de censura y la interpretaron como un avance hacia el autoritarismo.
La cadena estaba informando sobre un escándalo vinculado a fondos de inversión que afecta a altos cargos del Gobierno cuando la señal fue sustituida bruscamente por una película turca clásica de los años 70. La reportera Gamze Altuna señaló en X que cientos de policías y vehículos bloquearon las entradas y que el personal no pudo acceder al edificio mientras se registraba. Decenas de ciudadanos se concentraron frente a las oficinas en protesta.
La operación se produjo en el marco de una investigación judicial contra el presidente de la cadena, Cafer Mahiroglu, acusado de soborno, manipulación de licitaciones y blanqueo de capitales. La policía detuvo a 11 personas y emitió órdenes de arresto contra 17, aunque Mahiroglu, que niega los cargos, se encuentra fuera del país. Entre los detenidos figuran siete familiares suyos, incluido un hermano de 70 años. Mahiroglu describió la acción como un “día oscuro” y afirmó que se vulnera el derecho de la ciudadanía a la información con fines políticos.
El director general, Suat Toktas, y la plantilla difundieron un comunicado en el que lamentaron la “confiscación” de una cadena con casi 20 años de historia, calificándolo de la “nueva normalidad” en Turquía. Esther Major, subdirectora regional de Amnistía Internacional para Europa, recordó que la redada coincidió con la declaración del exalcalde de Estambul Ekrem İmamoğlu en el juicio que se sigue contra él, proceso que Halk TV había cubierto ampliamente.
Desde Bruselas, el eurodiputado Nacho Sánchez Amor, ponente del Parlamento Europeo para Turquía, advirtió de que la libertad de prensa y de expresión corre el riesgo de convertirse en un recuerdo en un contexto de detenciones de periodistas y censura generalizada. El analista Berk Esen opinó que el Gobierno intensifica la represión porque la oposición no se ha derrumbado.
En los últimos años las autoridades han intervenido en municipios gobernados por la oposición, primero en localidades del sureste controladas por partidos prokurdos y, más recientemente, en grandes ayuntamientos dirigidos por el partido socialdemócrata CHP, como Estambul y varios de sus distritos. Las operaciones también alcanzan a empresas vinculadas a formaciones opositoras, acusadas de irregularidades, en el marco de una presión creciente sobre sectores críticos con el Gobierno.
En el último mes se bloquearon más de 1.200 cuentas en redes sociales, entre ellas la de Amnistía Internacional Turquía y diarios de izquierdas como Evrensel; también fueron afectadas una asociación médica que atiende a personas con VIH y periodistas extranjeros críticos con Erdogan. Defensores de derechos LGBTI denunciaron redadas y detenciones, con más de 80 personas en prisión preventiva acusadas de “obscenidad”, “prostitución” y “vínculos financieros en el extranjero”, entre ellas abogados y periodistas.
