Varios legisladores de Nueva York buscan reformar las leyes estatales sobre agresión sexual para facilitar el enjuiciamiento de casos en los que las víctimas estaban intoxicadas, en respuesta a la indignación pública por una presunta violación grupal ocurrida en 2024 en una fraternidad de la Universidad Cornell.
El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reconoció que su oficina inicialmente decidió no presentar cargos contra los estudiantes acusados, en parte por las limitaciones de la legislación estatal. La ley distingue entre quienes se intoxican voluntariamente y quienes son drogados sin su conocimiento; solo a estos últimos se les considera incapacitados mentalmente y, por tanto, incapaces de consentir.
Stefan Turkheimer, vicepresidente de políticas públicas de RAINN, afirmó que esa distinción actúa en algunos casos como una “tarjeta de salida” para los agresores y que la normativa tiende a responsabilizar a la víctima cuando bebió o consumió drogas por su cuenta.
El asambleísta Jeffrey Dinowitz, que lleva años promoviendo cambios legales, presentó de nuevo un proyecto que permitiría imputar violación cuando el agresor razonablemente debería haber sabido que la víctima no podía consentir debido a su estado de intoxicación. Dinowitz ha señalado que la violación es uno de los pocos delitos en los que la embriaguez de la víctima puede impedir que se haga justicia.
Su postura subraya que no debería existir una diferencia legal entre quienes se intoxican voluntariamente y quienes lo son involuntariamente: si alguien está incapacitado, lo está independientemente de cómo llegó a ese estado.
El impulso legislativo surge días después de que Van Houten anunciara la reapertura de la investigación tras la presentación de una demanda civil en la que la presunta víctima acusa a siete miembros de la fraternidad Chi Phi, a la universidad y a otros de suministrarle alcohol y ketamina antes de agredirla sexualmente cuando quedó incapacitada.
Van Houten explicó que en 2024 la oficina no presentó cargos porque la denuncia no alegó intoxicación involuntaria, fuerza física, pérdida de conciencia ni una negativa clara al consentimiento, exigencias que establece la ley estatal. En ese momento, fiscales e investigadores consideraron que los hechos no cumplían el umbral penal; ahora, sin embargo, el fiscal llevará el caso y el testimonio de la joven ante un gran jurado para una posible imputación.
El abogado de la víctima, Thomas Giuffra, ha señalado que la declaración de 2024 y la demanda civil son sustancialmente semejantes y criticó a los fiscales por no haber profundizado en la investigación hace dos años.
El proyecto de Dinowitz, copatrocinado por la senadora Nathalia Fernandez, ha pasado en varias ocasiones el Senado estatal pero no ha llegado a votación en la Asamblea. Según Elizabeth Jeglic, experta en abuso sexual del John Jay College, diecinueve estados, incluido Nueva York, limitan la consideración de incapacidad mental a casos de intoxicación involuntaria; ella sostiene que esa distinción carece de sentido porque la incapacidad es incapacidad, cualquiera que sea la causa.
La fraternidad Chi Phi expulsó a los estudiantes acusados tres días después de presentarse el informe policial en 2024, antes de que la ley o Cornell lo requirieran, según su director interino, Trey Robb. Cornell ha defendido su actuación, señalando que impuso sanciones que van desde suspensiones hasta expulsiones, y la gobernadora Kathy Hochul anunció que la universidad aceptó contratar un bufete externo para llevar a cabo una nueva investigación.
El caso ha reavivado el debate público y legislativo sobre cómo definen las leyes la incapacidad para consentir bajo la influencia de alcohol o drogas, mientras siguen abiertos los procesos civil y penal y las autoridades y la universidad investigan los hechos.
