14 de octubre de 2026
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Amparos en Bahía Blanca y Mar del Plata contra la quita de subsidios

Amparos en Bahía Blanca y Mar del Plata contra la quita de subsidios

Amparos en Bahía Blanca y Mar del Plata contra la quita de subsidios

El Gobierno nacional promulgó la ley que modifica el régimen de Zona Fría y, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, dos distritos bonaerenses presentaron recursos judiciales para intentar frenar la eliminación de los descuentos en las facturas de gas. La Ley 27.828 fue formalizada mediante el decreto 1161/2026, publicado este martes.

La reforma establece nuevas condiciones para acceder a la bonificación y restringe el beneficio automático que se había aplicado desde 2021. La norma, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, alcanza a unos 3,35 millones de hogares en todo el país, de los cuales 1,24 millones están en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Acciones judiciales en Bahía Blanca y Mar del Plata

En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles presentó un amparo colectivo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y el Club Estrella. El recurso cuestiona la exclusión de la ciudad del régimen y argumenta que las condiciones climáticas justifican mantener el beneficio. Un relevamiento de 44 facturas señaló que la quita del subsidio podría implicar un aumento aproximado del 41,5% en el costo del servicio.

En Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, a cargo de Marcelo Lacedonia, interpuso una acción similar ante la Justicia Federal. El reclamo se dirige contra el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) y Camuzzi Gas Pampeana.

La Defensoría pidió que se mantengan las condiciones tarifarias actuales y que se suspenda la aplicación de los filtros del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. También solicitó que no se homologuen nuevos cuadros tarifarios sin audiencias públicas y que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828. Ahora la Justicia Federal deberá analizar ambas presentaciones y decidir si corresponde suspender los efectos de la reforma.

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