El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, informó que ha pedido a su homóloga rusa, Tatiana Moskalkova, información detallada sobre el paradero de cerca de cincuenta residentes de la región fronteriza de Sumy que, según denuncia, fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso el sábado pasado. Lubinets exigió su regreso inmediato y comunicó que ha contactado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las autoridades ucranianas consideran esta operación una presunta violación grave del derecho internacional humanitario por implicar privación ilegal de libertad y deportación forzosa de civiles.
En su solicitud, Lubinets pidió a la comisionada rusa datos sobre las condiciones de detención de los ciudadanos ucranianos, sus necesidades más urgentes y los requisitos para su devolución inmediata. Además, remitió una carta formal al CICR para solicitar la intervención de la organización.
El funcionario instó a la comunidad internacional a realizar una evaluación legal de las acciones rusas y a emplear todos los mecanismos disponibles para detener las deportaciones ilegales de civiles ucranianos.
Según la reconstrucción proporcionada por Lubinets, las fuerzas armadas rusas detuvieron el jueves a cerca de cincuenta habitantes de la aldea de Grabovske (Sumy), manteniéndolos retenidos sin acceso a medios de comunicación ni condiciones adecuadas. El traslado forzoso a Rusia se habría producido el sábado, según la información preliminar.
La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que tropas rusas cruzaron la frontera cerca de Grabovske. Tras la toma del pueblo, alrededor de cincuenta civiles, en su mayoría personas de edad avanzada que se habían negado previamente a ser evacuadas dentro de Ucrania, fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso.
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania subrayó que la negativa de los residentes a ser evacuados no legitima las acciones militares rusas y enfatizó que esos traslados constituyen una violación del derecho internacional. La Dirección General de Comunicaciones añadió que, ante el empeoramiento de la seguridad en Sumy, las autoridades han organizado evacuaciones en las comunidades fronterizas: hasta ahora más de 30.000 personas —aproximadamente el 84 % de la población de ocho comunidades— han sido evacuadas, mientras que el 16 % restante, cerca de 5.700 personas, incluidas 38 niñas y niños, decidió quedarse.
En un mensaje dirigido a quienes permanecen en zonas de combate, Lubinets advirtió sobre los riesgos presentes y reiteró que la evacuación sigue siendo una opción para proteger la integridad de las personas y sus familias.
