El Gobierno nacional anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.
El cambio de estatus no implicará modificaciones en las prestaciones y beneficios vigentes.
La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
ANDIS estaba en el centro del debate público desde hace meses por una investigación sobre supuestas irregularidades en su funcionamiento, que incluye señalamientos vinculados a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.
Adorni recordó que ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado para coordinar políticas públicas en discapacidad, y señaló que, con el tiempo, la autonomía administrativa derivó en capas burocráticas, descontrol y prácticas incompatibles con la transparencia.
El jefe de Gabinete afirmó que ese contexto propició irregularidades, entre ellas pagos a personas fallecidas; se calculó que alrededor de 180.000 prestaciones estaban en esa situación.
Además, el gobierno detectó beneficios otorgados sin documentación válida, firmas de médicos que no respaldaban clínicamente los trámites y organizaciones que facturaron sin prestar servicios.
Adorni aseguró que, al integrarse al Ministerio de Salud, las políticas en discapacidad serán administradas con mayores mecanismos de control y sin discrecionalidad.
Los cambios que contempla
El funcionario indicó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se implementarán auditorías permanentes y se aplicarán criterios sanitarios en las decisiones.
En la reestructuración se eliminarán 16 cargos políticos, lo que según el gobierno representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.
Adorni no precisó si ANDIS mantendrá su denominación ni si contará con un responsable directo dentro del área de Salud.
La medida se anunció en el marco de una investigación por presunto pago de coimas que compromete al ex titular Diego Spagnuolo.
Antes de que trascendieran audios vinculados a la causa, auditorías oficiales ya habían detectado inconsistencias en la agencia.
La situación se profundizó con la denuncia de presuntas coimas y con la decisión de recortar el presupuesto destinado a la discapacidad.
Vouchers por planes sociales
Adorni informó que en 2026 el Ministerio de Capital Humano avanzará en reemplazar planes sociales por vouchers de capacitación.
La medida alcanzará a unos 900.000 beneficiarios del Plan Volver al Trabajo y se implementará mediante convenios con empresas privadas.
Los beneficiarios deberán participar en cursos ofrecidos por el ministerio en el Centro de Formación de Oficios de Capital Humano; no se precisaron detalles sobre el alcance para personas del interior del país.
Según el gobierno, ya se cerraron convenios con empresas como Sinteplast, MercadoLibre, Arcos Dorados y Quilmes.
Antipiquetes
Adorni confirmó que el Ministerio de Seguridad Nacional apelará la decisión judicial que ordenó suspender el protocolo antipiquetes.
El funcionario sostuvo que la medida cuenta con respaldo social y que permitió restablecer el orden en las calles.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, dictó la orden de dejar de utilizar el programa que aplicó el Gobierno para impedir cortes de vías.
Desde el Ejecutivo se defendió el protocolo por sus fundamentos técnicos, jurídicos y operativos.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que se defenderá la herramienta porque, según su visión, devolvió orden y tranquilidad a quienes desean vivir en paz.
Fronteras y helicópteros
Adorni también anunció que en 2026 el gobierno modernizará cinco pasos fronterizos para agilizar el tránsito de turistas y la producción: Paso de los Libres (Corrientes-Brasil), Iguazú (Misiones-Brasil), Posadas (Misiones-Paraguay), Concordia (Entre Ríos-Uruguay) y el Centro Cardenal Samoré (Villa la Angostura-Chile).
Asimismo, informó que se aprobó un contrato de financiamiento para la compra de cuatro helicópteros AW109 junto al CACIB, con el objetivo de mejorar la vigilancia y el control de los espacios marítimos.
Estas adquisiciones, a cargo del Ministerio de Defensa a través de la Armada, se suman a la compra de 24 aviones F-16 destinada a aumentar la capacidad aérea del país.
