La Comisión Europea propuso prohibir las exportaciones a Irán de componentes que puedan emplearse en la fabricación de drones y misiles y confirmó que trabaja en nuevas sanciones contra Teherán por la represión de las protestas que se prolongan desde hace semanas.
El anuncio lo efectuó la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, durante un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Kallas calificó de “brutal” la represión y expresó el respaldo de la UE a las demandas legítimas del pueblo iraní.
Las nuevas restricciones a la exportación pretenden reducir el acceso de Irán a tecnologías y componentes clave para drones y misiles. La jefa de la diplomacia europea subrayó que estas capacidades han sido utilizadas por Irán para apoyar militarmente a Rusia en la guerra contra Ucrania, lo que ha reforzado la intención europea de endurecer las medidas.
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia que combina sanciones por violaciones de derechos humanos, por actividades vinculadas a la proliferación nuclear y por el suministro de armamento a Moscú. Desde el inicio de la invasión rusa, la UE ha señalado repetidamente el uso de drones iraníes en ataques contra infraestructura ucraniana, lo que motivó sanciones previas dirigidas.
Kallas recordó que la Unión ya ha impuesto restricciones a personas y entidades iraníes responsabilizadas de la represión interna, así como a actores relacionados con los programas de drones y misiles, incluyendo congelaciones de activos, prohibiciones de viaje y limitaciones comerciales en sectores sensibles.
Paralelamente, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) siguen evaluando nuevas opciones. Kallas afirmó que se está examinando de forma activa qué medidas adicionales pueden adoptarse en respuesta a la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes, que ha incluido detenciones masivas, uso de la fuerza y restricciones a las comunicaciones.
Las protestas en Irán, originadas por un malestar social y político, han reavivado las críticas internacionales sobre el historial de derechos humanos del país. Organizaciones internacionales y gobiernos occidentales han denunciado ejecuciones, juicios sin garantías y la persecución de activistas, periodistas y defensores de derechos civiles. Según las autoridades iraníes, más de 5.000 personas han muerto durante las manifestaciones.
En el plano institucional, la Comisión lleva días trabajando con los 27 Estados miembros en la elaboración de un nuevo paquete sancionador. Las conversaciones se desarrollan a nivel de embajadores con el objetivo de alcanzar un consenso que permita su aprobación formal en el Consejo de Asuntos Exteriores.
La fecha prevista es el 29 de enero, cuando los ministros de Exteriores de la UE se reunirán para dar la aprobación final. Como ocurre con la política de sanciones de la UE, la decisión requiere unanimidad, un requisito que en ocasiones ralentiza o modera el alcance de las medidas.
Más allá del efecto inmediato, el endurecimiento de la posición europea refleja una convergencia entre la agenda de derechos humanos y la dimensión geopolítica del conflicto en Ucrania. Para Bruselas, limitar la capacidad industrial y militar de Irán sirve tanto para presionar al régimen en el plano interno como para reducir su proyección militar externa.
La evolución de las protestas en Irán y la capacidad de la UE para mantener la cohesión entre los Estados miembros serán decisivas para determinar el alcance final de las sanciones. En un contexto de tensiones regionales y de guerra en Europa del Este, Bruselas pretende enviar una señal política clara: la represión interna y la implicación militar indirecta en conflictos internacionales tendrán un coste creciente para Teherán.
