Cuatro años después de la explosión de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, considerada uno de los mayores sabotajes en la Europa de posguerra, la justicia alemana juzga por primera vez a uno de los presuntos responsables: el exmilitar ucraniano Serhii Kuznietsov, acusado de liderar el comando que habría ejecutado la operación. En la apertura del juicio en Hamburgo la defensa solicitó el archivo del proceso, argumentando que el acusado carece de autorización del Ejército ucraniano para declarar, lo que, según sus letrados, limita su derecho a la defensa.
Kuznietsov, de 50 años, entró vestido de civil y saludó con un gesto militar. La vista se celebró con estrictas medidas de seguridad y contó con más de un centenar de periodistas internacionales. Está representado por tres abogados —dos alemanes y uno italiano—; este último fue detenido en agosto de 2025 en Rímini y extraditado a Alemania en noviembre, desde cuando Kuznietsov permanece en prisión preventiva.
La defensa presentó al acusado como “un peón” y denunció motivaciones políticas en el proceso, rechazando que su actuación constituyera un crimen de guerra. Sus abogados sostienen que los gasoductos eran una herramienta financiera, militar y política de Rusia. Ese argumento plantea la cuestión central del juicio: si la destrucción de la infraestructura fue una acción militar dirigida contra Moscú o un ataque ilícito contra instalaciones civiles.
Los letrados impugnaron asimismo la extradición desde Italia, alegando que los tribunales italianos desconocían la imputación por crímenes de guerra al autorizar la entrega. La presidenta del tribunal, Anne Meier-Göring, escuchó las alegaciones mientras la Fiscalía federal rechazó la petición de archivo y anunció que responderá detalladamente a las cuestiones de la defensa.
También se debatieron las condiciones de detención: la defensa afirma que Kuznietsov ha pasado casi 11 meses en aislamiento con escasos contactos; la Fiscalía replicó que el propio acusado había calificado esas condiciones como aceptables.
Detalles de la operación
Según la investigación, la operación involucró a siete personas: Kuznietsov, un experto en explosivos, un patrón y cuatro buzos (entre ellos una mujer). El grupo habría usado el velero Andromeda, alquilado en Rostock, para colocar cargas con temporizadores en los tubos. Las detonaciones del 26 de septiembre de 2022 destruyeron tres de las cuatro tuberías que atravesaban el mar Báltico para transportar gas ruso a Alemania.
Kuznietsov no es el único sospechoso bajo custodia. El buzo ucraniano Wolodymyr Z. fue arrestado en agosto en Pula (Croacia) y permanece en prisión preventiva; Polonia rechazó su entrega a Alemania y lo liberó en octubre de 2025, pero un tribunal croata autorizó luego su extradición, recurso que su defensa pretende impugnar. Estos casos muestran las diferentes interpretaciones judiciales: mientras tribunales polacos entendieron el sabotaje como una acción justificable en defensa de Ucrania, la justicia alemana lo investiga como un ataque a infraestructura civil.
La Fiscalía sostiene que Kuznietsov actuó por encargo de organismos estatales ucranianos y presenta como indicio conversaciones intervenidas en Italia en las que, según la acusación, el acusado solicitaba que la operación se reconociera como una acción militar oficial. Kuznietsov niega su participación y el Gobierno ucraniano niega cualquier implicación.
El proceso plantea a Alemania la tensión entre investigar un atentado contra su seguridad energética y mantener el apoyo a Ucrania, país de origen de varios sospechosos. El tribunal deberá determinar la participación de Kuznietsov, las órdenes que pudo recibir y su responsabilidad penal. El juicio continúa el 27 de octubre; el tribunal ha programado dieciséis sesiones hasta el 17 de diciembre y prevé nuevas vistas en enero y febrero de 2027.
