Cuatro años después de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, la justicia alemana llevó ayer por primera vez a juicio a uno de los presuntos responsables: el exoficial ucraniano Serhii Kuznietsov, acusado de dirigir el comando que habría ejecutado el atentado. La defensa solicitó el archivo del proceso alegando que el acusado carece de autorización del Ejército ucraniano para declarar, lo que, según sus abogados, le impide ejercer plenamente su derecho de defensa. “Tiene que defenderse con las manos atadas”, afirmaron.
Kuznietsov, de 50 años, entró a la sala vestido de civil y saludó con un gesto de tipo militar. La audiencia se celebró con fuertes medidas de seguridad y reunió a más de un centenar de periodistas de países como Estados Unidos, Ucrania y Rusia. El acusado está asistido por tres letrados —dos alemanes y un italiano—; este último fue detenido en agosto de 2025 en Rímini y, tras recursos contra su entrega, fue extraditado a Alemania en noviembre, donde permanece en prisión preventiva.
La defensa presentó a Kuznietsov como “un peón sacrificado en un tablero de ajedrez” y denunció presiones e intereses políticos detrás del proceso. Sus abogados pusieron en duda que exista acreditación suficiente de que fuera el jefe del comando y negaron que se trate de un crimen de guerra. Uno de los defensores describió los gasoductos como un instrumento “financiero, militar y político” de Rusia, cuyo beneficio financiaba la guerra contra Ucrania, planteando así la cuestión central del juicio: si la destrucción de esa infraestructura fue una acción militar legítima o un ataque contra instalaciones civiles.
Los letrados también impugnaron la extradición, sosteniendo que los tribunales italianos autorizaron la entrega sin conocer la imputación por crímenes de guerra. La presidenta del tribunal, Anne Meier-Göring, escuchó sus alegatos, y la Fiscalía federal rechazó de momento la petición de archivo, anunciando que responderá detalladamente a todas las cuestiones planteadas por la defensa.
El debate alcanzó asimismo las condiciones de detención: la defensa aseguró que Kuznietsov lleva casi 11 meses casi en aislamiento y con escasos contactos sociales; el fiscal Stefan Schmidt replicó que el propio acusado había descrito las condiciones de su prisión como aceptables.
Detalles de la operación
Según la reconstrucción de los investigadores, la operación habría contado con siete personas: Kuznietsov, un especialista en explosivos, un patrón y cuatro buceadores, entre ellos una mujer. El grupo habría utilizado el velero Andromeda, alquilado en Rostock, para colocar cargas con temporizadores en los gasoductos. Las explosiones del 26 de septiembre de 2022 destruyeron tres de las cuatro tuberías tendidas bajo el mar Báltico para transportar gas ruso a Alemania.
Kuznietsov no es el único sospechoso detenido. El buceador ucraniano Wolodymyr Z. permanece en prisión preventiva en Croacia tras su arresto en agosto en Pula. Polonia rechazó entregarlo a Alemania y lo dejó en libertad en octubre de 2025; a finales de septiembre un tribunal croata autorizó su extradición, aunque su abogado anunció que recurrirá. El caso ilustra las posturas enfrentadas sobre el sabotaje: la justicia polaca estimó la destrucción de los gasoductos como una acción justificable en defensa de Ucrania, mientras que la alemana lo persigue como un ataque contra instalaciones civiles.
La Fiscalía mantiene que Kuznietsov actuó por encargo de organismos estatales ucranianos. Entre las pruebas citadas figuran conversaciones intervenidas con su esposa durante su detención en Italia en las que, según la investigación, solicitaba que la voladura se reconociera como “una operación militar oficial” y se quejaba del abandono por parte de Kiev. El acusado niega ahora su participación y el Gobierno ucraniano niega haber intervenido.
El proceso coloca a Alemania en una situación delicada: tiene que investigar un atentado contra su seguridad energética mientras mantiene el apoyo a Ucrania. La defensa presenta los gasoductos como un arma rusa; la acusación los considera instalaciones civiles cuyo ataque sería un crimen de guerra. El tribunal deberá determinar si Kuznietsov participó en la operación, bajo qué órdenes y con qué responsabilidad penal. El juicio continuará el 27 de octubre; el tribunal ha programado dieciséis sesiones hasta el 17 de diciembre y prevé nuevas vistas en enero y febrero de 2027.
