Se ha publicado “Propuestas para gobernar el Perú 2026-2031”, un documento que busca redefinir el futuro del país desde una perspectiva estratégica, soberana y de largo plazo.
Hace unos meses me invitaron a participar en la elaboración de este texto. En ese momento, como ahora, la situación del país parecía grave, mostrando problemas estructurales que requieren atención urgente.
Como novelista, mi oficio es comprender a las personas, y por eso acepté integrarme al colectivo responsable del proyecto, convencido de que en el Perú hay quienes piensan, sufren y trabajan por la nación y quienes la perciben solo como una oportunidad de negocio.
No pertenezco al segundo grupo, el de los mercaderes, y mis aportes no responden a intereses de beneficio personal.
El libro presenta propuestas de políticas de Estado organizadas en cuatro ejes temáticos. Mi contribución incluida se titula “Cultura de la paz y los derechos humanos”.
Los derechos humanos fueron reconocidos como permanentes e imprescindibles por la comunidad internacional en la Declaración Universal de 1948, resultado de las reflexiones posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Es significativo que ese reconocimiento surgiera al término de un conflicto capaz de poner en riesgo a la humanidad y que desde entonces se haya considerado esencial para lograr una paz duradera.
Existe, por tanto, una relación necesaria entre derechos humanos y paz: sin el respeto a los derechos humanos no puede haber una paz real y sostenida.
Recientemente han surgido en los poderes legislativo y ejecutivo voces que califican los derechos humanos de superfluos y cuestionan la jurisdicción de la Corte Interamericana. Ese tipo de expresiones revelan desconocimiento y podrían implicar un retroceso; por ello nuestra propuesta exige respeto pleno a los derechos de todos los ciudadanos como base de cualquier proyecto de país.
En consecuencia, es imprescindible que todas las personas participen como agentes de pacificación. La lucha contra la pobreza, el reconocimiento de derechos individuales, políticos, económicos, sociales y culturales, la igualdad de género y la justicia social son pilares para construir una cultura de paz.
El Perú está sujeto a la normativa internacional de derechos humanos, que no es un adorno sino una obligación judicial efectiva; su incumplimiento colocaría al país en una situación de aislamiento internacional.
Es necesario evaluar la realidad peruana recordando que la paz lograda hace más de treinta años no fue el resultado de un proceso negociado, como en otros países, sino la etapa posterior a una victoria militar del Estado.
Aunque entonces se proclamó la paz, esta no se ajustó plenamente a las definiciones y estándares que la ONU considera esenciales.
Lo que vive el Perú no corresponde a la paz que buscan los países que se rigen por esos acuerdos internacionales. Se observa una polarización entre la persecución prolongada de quienes se levantaron en armas y la demanda continua de juzgar y condenar a agentes del Estado que cometieron delitos durante la lucha contrasubversiva.
La cultura de paz que proponemos no implica impunidad: personas de ambos bandos han cumplido o están cumpliendo condenas largas por sus responsabilidades.
En resumen, la forma de superar esta situación pasa por reconocer que el conflicto interno ocurrió en el siglo pasado, avanzar hacia el perdón y ajustarnos al espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos para instaurar, de una vez por todas y para todos, una paz verdadera.
También deben recordarse y aplicarse las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Las guerras dejan heridas profundas en la sociedad; en realidad todos salimos empobrecidos, vencedores y vencidos, aunque quizá los primeros resultaron más dañados en lo humano por el aumento de la intolerancia y la soberbia.
La reconciliación debe permitirnos recuperar los rumbos perdidos y avanzar en la construcción de la patria.
