Un choque nocturno en el kilómetro 7 de la Ruta Nacional A012, en el sur de Rosario, dejó dos camiones destrozados y varios heridos. Fragmentos de la cabina y gritos de dolor contrastaron con la quietud de la madrugada; un automovilista que venía en sentido contrario describió la escena como una tragedia evitada por milagro. Uno de los conductores dijo a la policía que circulaba despacio por el mal estado del asfalto y la presencia de pozos.
El accidente obligó a trasladar a los heridos y cortó el tránsito en ambos sentidos durante más de ocho horas hasta que las autoridades retiraron las unidades. La interrupción generó largas filas de camiones, pérdidas logísticas y desvíos que afectaron operaciones portuarias y turnos laborales. La A012 es una vía estratégica que conecta rutas principales y concentra un volumen importante de las exportaciones agrícolas del país, por lo que su paralización tiene impacto económico directo.
Menos de un mes después del choque, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmaron en la Casa Rosada un convenio para que la provincia se encargue, durante veinte años, de la administración, mantenimiento y obras de la A012. En la foto oficial figuraron autoridades del gabinete nacional y provincial, que mostraron conformidad con el acuerdo.
Detrás de la formalidad, el convenio refleja tensiones: la Nación mantiene el dominio público y la jurisdicción federal del corredor, mientras que la provincia asumirá el estado de la traza y los costos de su reparación. Desde el gobierno provincial justifican la medida por la urgencia de ordenar un sistema vial deteriorado y remarcan que los ciudadanos no distinguen jurisdicciones cuando sufren los efectos del mal estado de las rutas. La Casa Gris ya licitó trabajos para intervenir buena parte de los 67 kilómetros afectados.
El acuerdo entre la Casa Rosada y Santa Fe coincide con la necesidad del Ejecutivo nacional de recobrar diálogo con gobernadores para avanzar con reformas electorales, entre ellas la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias previstas para 2027, una medida que aún no cuenta con consenso suficiente. En la negociación por esa reforma, las provincias plantean una lista de reclamos y demandas que incluye la gestión y el financiamiento de rutas.
El modelo acordado en Santa Fe podría replicarse: Santilli ya negocia convenios similares en Río Negro y el gobierno nacional analiza transferir a las provincias la operación de más de mil kilómetros de corredores nacionales. Para algunas provincias esto representa una oportunidad para recuperar corredores productivos; para otras es una “desfederalización encubierta” si las transferencias no vienen acompañadas de fondos y condiciones claras.
Si las transferencias no avanzan de forma amplia, la alternativa del Ejecutivo es mayor participación privada mediante concesiones: en los últimos días se abrieron ofertas para concesionar 3.900 kilómetros por treinta años en once provincias, dentro de un plan que podría alcanzar 9.000 kilómetros, donde circula la mayor parte del tránsito y la carga. Esos contratos priorizan mantenimiento y peajes, pero ofrecen poca expansión de infraestructura.
En todo el país hay consenso sobre el deterioro: relevamientos de Vialidad Nacional y del sindicato del organismo indican que dos tercios de la red vial federal presenta pavimentos en mal estado, señalización insuficiente y banquinas inadecuadas. Además, se señala que en 2024 y 2025 se produjo una subejecución de fondos en Vialidad por parte del gobierno nacional y hubo cambios frecuentes en la conducción del área de Infraestructura, Transporte y Obras Públicas desde diciembre de 2023.
Varios gobernadores identifican un patrón: primero se reduce la financiación, luego se dejan deteriorar las rutas y finalmente se propone transferir o concesionar la operación. Esa dinámica podría implicar pérdidas económicas por mayor costo futuro de reparación y por las demoras logísticas que afectan la producción y el comercio exterior.
Informes técnicos entre provincias alertan que la logística nacional ya está sometida a tensión: corredores y accesos portuarios colapsados, pasos fronterizos lentos y ferrocarriles poco aprovechados. Proyectan, además, un fuerte aumento de la carga transportada hacia 2035, lo que implicaría que la red vial estaría sobrecargada incluso antes del crecimiento esperado por las autoridades nacionales.
El análisis técnico subraya un punto económico clave: posponer mantenimiento no siempre ahorra dinero. El mantenimiento preventivo cuesta entre USD 15.000 y 40.000 por kilómetro, mientras que una reconstrucción total puede variar entre USD 1,3 millones y 3,5 millones por kilómetro. Intervenir a tiempo suele ser considerablemente más barato que reparar después del colapso.
El componente humano agrava la urgencia: según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2025 se registraron 4.060 muertes en 3.255 siniestros viales, con más de la mitad de los fallecimientos en rutas nacionales y provinciales. A los factores humanos (velocidad, cansancio, alcohol) se suma el riesgo que trae consigo la mala calidad del pavimento. Cada accidente implica además costos sanitarios, judiciales, materiales y productivos.
El mal estado de las rutas se manifiesta en numerosas vías provinciales y nacionales: tramos de la Ruta 33, la Ruta 3, la 5, la 7, la 9, la 60, la 34, la 121, la 14, la 151 y otras presentan baches, obras paralizadas, fallas estructurales o necesidad de intervención urgente. Algunas provincias y municipios han decidido realizar trabajos con fondos propios ante la inacción o la demora en la respuesta nacional.
En Buenos Aires, usuarios y transportistas llaman a la Ruta 33 una “ruleta rusa”. Tramos de la Ruta 3, la 5 y la 7 enfrentan obras paralizadas pese al intenso tránsito agroindustrial; municipios han destinado fondos para intervenir pavimentos nacionales. En Córdoba hay reclamos históricos por las rutas 9 y 60 y recortes en partidas para seguridad y mantenimiento. La 34, que une Santa Fe con Santiago del Estero, tiene un historial de siniestros que le valió el apodo de “ruta de la muerte”. La Ruta 121 en Corrientes muestra una falla estructural completa. Misiones interviene tramos de la Ruta 14; en el sur la 151 entre Cipolletti y Catriel y sectores de La Pampa requieren que los camiones circulen por banquinas. En Chubut y Santa Cruz quedaron obras paralizadas, y en Jujuy la 34 presenta ahuellamientos y fisuras que empeoran por el tránsito de camiones. En Formosa, la Justicia Federal ordenó trabajos urgentes en varias rutas por la reiteración de siniestros.
En Santa Fe, incluso un privado reparó por su cuenta una colectora de la autopista Rosario-Córdoba para garantizar el acceso a su hotel, una muestra del grado de deterioro y la respuesta local ante la falta de soluciones nacionales.
La crisis vial ocurre en paralelo con un fuerte ajuste fiscal a las provincias. En la primera mitad de 2026, los distritos perdieron recursos por $2,2 billones entre transferencias automáticas y no automáticas, según análisis privados; una decisión administrativa diseñada para sostener el superávit recortó partidas por casi $2,5 billones del Presupuesto, afectando programas destinados a las provincias. Gobernadores y funcionarios provinciales denuncian que el recorte perjudica la gobernabilidad que se exige desde Economía.
Los recortes afectaron la confianza entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales que negociaron la continuidad de obras durante el tratamiento del Presupuesto. Por eso, Santilli y otros funcionarios multiplican reuniones y viajes para avanzar con adelantos de coparticipación, convenios, obras y acuerdos puntuales con gobernadores aliados y no aliados.
En este contexto, las provincias buscan transformar votos y apoyos en obras concretas, transferencias y promesas cumplidas. Al mismo tiempo, la opinión pública muestra reticencia: encuestas indican que la mayoría de la población espera que el Estado mantenga un rol activo y rechaza la suspensión de obra pública, lo que complica medidas que reducen la inversión en infraestructura.
En síntesis, aunque la administración busque consolidar ajuste fiscal y cambios institucionales, la urgencia del deterioro vial, sus costos económicos y sociales y la sensibilidad pública frente a la obra pública hacen que las decisiones sobre rutas, transferencias y concesiones sean un desafío político y técnico de gran alcance.
