El final de la campaña hacia la primera vuelta presidencial en Brasil se tornó caótico: se canceló un debate en el último minuto, hubo una falsa alarma de bomba frente al Supremo Tribunal Federal (STF) y surgieron nuevas revelaciones sobre fiestas sexuales vinculadas a un banquero preso que habría influido sobre figuras poderosas.
Tras una tarde agitada en la que los tribunales superiores intervinieron en el formato del debate previsto para la víspera de las elecciones, Flávio Bolsonaro, candidato principal de la derecha, anunció que renunciaba a participar. Minutos después la emisora TV Globo comunicó la suspensión del debate, algo sin precedentes en la reciente democracia brasileña.
La decisión judicial que desencadenó la crisis fue que una jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió a Globo mostrar la silla vacía correspondiente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva —que había optado por no asistir— y formular preguntas a esa silla. Simultáneamente, un magistrado del STF autorizó la participación de Renán Santos, del partido Misión, pese a que no contaba con el número de parlamentarios exigido.
Renán Santos se declaró en redes sociales “confundido y eufórico”, mientras su equipo afirmó que el candidato, que se dirigía a protestar ante las instalaciones de Globo por su exclusión, no disponía de indumentaria adecuada para el debate.
Globo decidió cancelar el debate tras la retirada de Bolsonaro, quien acusó a la justicia de favorecer a Lula, candidato que aspira a un cuarto mandato y ocuparía la presidencia entre los 81 y los 85 años si resulta electo.
La cadena justificó la suspensión alegando que, aunque su deber es promover la democracia, las resoluciones judiciales emitidas de forma sucesiva y a última hora generaron inseguridad jurídica y constituyeron una injerencia en la libertad de los medios para organizar debates electorales.
Ronaldo Caiado, uno de los aspirantes que compiten por el tercer puesto, criticó con dureza las decisiones judiciales.
Caiado calificó lo ocurrido como un atentado contra la democracia y afirmó que esas resoluciones habían perjudicado el proceso electoral, acusando además a Lula de buscar impedir los debates y describiendo la situación como una “dictadura de la toga” que pretende decidir al próximo presidente.
En medio de la controversia, Lula ofreció una entrevista en un pódcast, mientras Bolsonaro se preparaba para dirigirse a sus seguidores a través de sus redes sociales.
Paralelamente, una mochila sospechosa ubicada frente a la sede del STF en Brasilia movilizó a la Policía Federal; tras aproximadamente una hora de inspecciones se determinó que se trataba de una falsa alarma.
Aquella misma noche la revista Piauí publicó revelaciones sobre fiestas sexuales organizadas por el banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso y acusado de liderar la mayor estafa financiera de la historia reciente del país, en las que habrían participado políticos, jueces y otras figuras de poder.
Según la investigación de la revista, Vorcaro habría gestionado en São Paulo un supuesto “Departamento de entretenimiento y sexo” al que invitaba a políticos y celebridades, lo que añade nuevas aristas a la crisis política y judicial que atraviesa Brasil.
