Rusia vuelve a votar en unas legislativas cuyo resultado está prácticamente decidido de antemano. Las elecciones del 18 al 20 de septiembre serán las primeras desde la invasión de Ucrania a gran escala y las primeras en incluir en las papeletas las cuatro regiones ucranianas cuya anexión proclamó Moscú en 2022, aunque no controle totalmente esos territorios. En un sistema sin alternancia, los comicios sirven menos para elegir al gobierno que para calibrar cuánto debe fabricar o manipular el Kremlin para exhibir su control. La convocatoria coincide además con ataques ucranianos cada vez más profundos que han agravado la escasez de gasolina, perturbado rutas claves para la exportación de grano y destruido buena parte de la red de almacenes de Wildberries, una de las mayores plataformas de comercio electrónico del país.
Se renovarán los 450 escaños de la Duma: la mitad por listas partidarias y la otra mitad en circunscripciones uninominales. Rusia Unida parte con 315 diputados y el diseño del sistema le permite aspirar otra vez a la mayoría constitucional sin necesidad de una victoria abrumadora en el voto nacional. Tras reducir sus objetivos en verano por la caída en las encuestas, la Administración Presidencial volvió a exigir resultados más altos: cerca del 47% en regiones de apoyo medio y más del 50% en el conjunto del país. Esta vez Vladimir Putin se ha implicado de forma visible en la campaña de Rusia Unida, recorriendo varias regiones de Siberia y el Lejano Oriente, y, según analistas, incluso visitando Nizhni Nóvgorod.
La guerra está ausente como tema abierto en la campaña, pero presente en la vida cotidiana de los votantes. Yabloko, la única formación nacional registrada con un lema abiertamente contrario al conflicto —”Por la paz y la libertad”—, pedía un alto el fuego y negociaciones, aunque evitaba precisar posibles soluciones territoriales. En agosto, el Tribunal Supremo anuló el registro de su lista federal cuando ya había sido admitida y empezaba a ganar apoyo. El medio independiente Vyorstka contabilizó al menos 36 candidatos críticos con Rusia Unida que fueron excluidos o no admitidos en circunscripciones uninominales para la Duma y para parlamentos regionales; 19 de ellos pertenecían a Yabloko.
El escritor Mijaíl Zygar ha definido esta “democracia soberana” como un sistema que modifica las reglas electorales para apartar a los candidatos incómodos. En el Kremlin conviven un bloque policial y otro político: ambos desean un amplio respaldo a Putin y una alta participación, pero parece imponerse el primero, vinculado a los servicios de seguridad, que prefiere excluir cualquier alternativa que pueda canalizar el voto descontento, aun cuando eso reduzca el entusiasmo por acudir a las urnas. De ese modo, el Ejecutivo evita que los comicios se conviertan en un referéndum sobre la guerra.
El periodista exiliado Roman Dobrojotov describe la realidad previa a las urnas: “La Rusia de 2026 no se parece en absoluto a la Rusia de 2021. Antes cientos de miles podían salir a protestar; ahora puedes tener problemas incluso por lo que dices en una cocina”. Señala una atmósfera muy tensa dentro del país. Un rumor que condiciona el significado político de estas elecciones es la posibilidad de una nueva movilización para el frente, que podría anunciarse después de votar.
La guerra entra en la Duma más como símbolo que como espacio de debate: más de 1.600 veteranos o participantes en la campaña han sido propuestos como candidatos en distintos comicios y alrededor de 200 aspiran a un escaño nacional, presentados por el poder como una “nueva élite”. La oposición parlamentaria tampoco plantea alternativas relevantes en lo esencial. Novaya Gazeta Europe seleccionó 30 leyes polémicas aprobadas durante la guerra y constató que en la votación final de 20 de ellas no hubo ni un solo voto en contra entre los diputados de las cinco facciones. Comunistas, LDPR, Rusia Justa y el partido Gente Nueva, apoyado discretamente por el Kremlin, pueden discrepar sobre pensiones o regulación de internet, pero coinciden en materias como la guerra, la represión y el fortalecimiento de la arquitectura autoritaria.
La transformación alcanza también a la sociedad. Zygar sostiene que a Putin le convenía la guerra para “conquistar” nuevamente Rusia: veía cómo las generaciones más jóvenes se distanciaban de los valores soviéticos, imperiales y de obediencia, y buscó con el conflicto reimponer el miedo y recuperar control social.
En un sistema donde las elecciones no determinan quién gobierna, mantienen otra función: obligar periódicamente a la sociedad a representar su adhesión al poder. El ensayista Andrei Kolesnikov, en su libro The Closing of the Russian Mind, explica que el contrato entre Putin y los ciudadanos ha cambiado: antes a muchos les bastaba mantenerse al margen y “votar automáticamente” lo que apareciera; la guerra elevó la exigencia y pasó de pedir silencio a exigir complicidad. Para Kolesnikov, esa complicidad incluye el voto forzado en las urnas como forma de reclamar un apoyo directo al régimen.
El escritor Mijaíl Shishkin describe el proceso como una puesta en escena teatral: cuando el Estado necesita una “elección”, recluta a un grupo de figurantes que ayudan a montar el espectáculo. Entre esos actores incluye a los profesores que trabajan en los colegios convertidos en centros electorales y que, durante unas horas, dejan de ser espectadores para participar en la representación.
