Tras acercarse a los 400 puntos básicos a comienzos de la semana, el riesgo país revirtió la baja y quedó cerca de las 440 unidades, afectado por una mayor volatilidad global tras la intensificación del conflicto en Medio Oriente.
Aunque hubo señales favorables para Argentina —como la mejora en la calificación de la deuda por parte de Moody’s y la aprobación de garantías por USD 250 millones de la CAF—, el empeoramiento del escenario internacional por las hostilidades en la región neutralizó las subas en los precios de los bonos argentinos.
El índice de JP Morgan subió 20 puntos en la semana y cerró en 437 unidades. Este indicador mide la probabilidad de impago de un país en moneda extranjera: se expresa en puntos básicos y refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos locales y los bonos del Tesoro de EE. UU.; valores más altos señalan mayor incertidumbre sobre la capacidad de pago, dificultando el acceso a financiamiento e inversiones.
El motivo de la suba
La semana anterior el indicador había tocado un mínimo desde abril de 2018, en 403 puntos. Sin embargo, la escalada del conflicto entre EE. UU. e Irán y la caída de Wall Street —potenciada por el retroceso de las principales acciones tecnológicas— aumentaron la aversión al riesgo y presionaron a la baja las cotizaciones de los bonos argentinos.
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En paralelo, el petróleo volvió a superar los USD 100 por barril y, aunque registró una caída cercana al 3% el viernes, cerraba la semana con saldo positivo por la preocupación de posibles interrupciones en el suministro en el Mar Rojo y el riesgo de una escalada en el Golfo Pérsico.
El Brent del Mar del Norte, con entrega en septiembre, retrocedió 3,04 dólares (un 3%), hasta USD 97,65 por barril. El día anterior había superado los USD 100 por primera vez desde mayo tras ataques atribuidos a los hutíes contra buques petroleros en el Mar Rojo. A pesar del retroceso del viernes, el contrato registraba un avance semanal cercano al 9%.
Un informe de GMA Capital destacó que la mejora de Moody’s fue uno de los sucesos más relevantes de la semana: la agencia elevó la calificación de largo plazo de Caa1 a B3, alineándose con los ajustes previos de Fitch y S&P Ratings. Además, Moody’s mantuvo una perspectiva positiva, lo que podría permitir nuevas mejoras en un horizonte de entre seis y veinticuatro meses.
La reacción del mercado fue inmediata: en la rueda posterior al anuncio, el riesgo país cayó 11 puntos básicos hasta 410, el índice Merval subió 3% medido en dólares y el tipo de cambio retrocedió 0,2% hasta $1.478, estabilizándose luego en ese nivel, según señalaron desde la ALyC.
No obstante, los analistas advirtieron que ese impulso fue de corta duración, ya que el deterioro del contexto internacional revirtió gran parte de la reacción inicial: el riesgo país volvió a situarse alrededor de 440 puntos y el tipo de cambio recuperó parte de las bajas, cerrando la semana con una suba de 0,2%.
En suma, aunque la mejora de la calificación no alcanzó para desligar a la deuda argentina de la dinámica global, si continúa un proceso de estabilización macroeconómica una mejor nota podría ampliar el universo de inversores potenciales y contribuir a una compresión adicional de los spreads.
Además de las noticias de Moody’s y la CAF, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de mayo mostró la segunda caída intermensual consecutiva, de 0,5%. Aunque la variación interanual fue positiva en 0,2%, la actividad encadenó dos bajas seguidas y mantiene una dinámica alternante sin un crecimiento consolidado.
Por qué la baja es clave para el Gobierno
Reducir el riesgo país es crucial para el gobierno de Javier Milei porque es una condición necesaria para recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito, cerrados para Argentina desde 2018.
Para que el país pueda volver a financiarse en el exterior en condiciones razonables, el indicador debería situarse por debajo de los 400 puntos y, preferentemente, acercarse a los 300. Con los niveles actuales, la emisión de un bono externo implicaría tasas cercanas al 9% anual, una cotización considerada elevada por el equipo económico.
A pesar de que el plan financiero oficial está diseñado para cubrir los compromisos hasta fines de 2027 sin recurrir a mercados internacionales (salvo garantías de organismos multilaterales), una reducción del riesgo país disminuiría el costo del endeudamiento externo, ampliaría el margen de maniobra ante imprevistos y facilitaría el acceso a nuevas fuentes de financiamiento de cara al proceso electoral del próximo año.
