El atentado armado reciente contra Marvin Gámez Alaníz, conocido como “Comandante Resorte” y exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad de opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incluso fuera de Nicaragua.
El ataque ocurrió en la madrugada del 26 de julio de 2026 en Trojes, departamento de El Paraíso, Honduras; según el Instituto del Liderazgo de Las Segovias y los medios HCH y Artículo 66, Gámez resultó con siete heridas de bala y una mujer que lo acompañaba con dos impactos.
Gámez, de 58 años y originario de La Trinidad, Estelí, contó desde su cama en el Hospital Gabriel Alvarado de Danlí que fue emboscado por hombres encapuchados que se desplazaban en dos motocicletas mientras él se dirigía a comprar leche.
Relató que recibió siete disparos en la espalda y que la persona que iba con él recibió dos impactos; afirmó además que, desde hace cinco años, vive bajo amenazas directas atribuibles al gobierno nicaragüense.
El ataque tuvo lugar en una zona rural fronteriza que, desde 2018, ha servido de refugio para decenas de nicaragüenses perseguidos por razones políticas, incluidos antiguos miembros de la Contra. Gámez responsabilizó públicamente al régimen Ortega-Murillo y dijo que al menos siete de sus antiguos compañeros de armas han sido asesinados en circunstancias similares.
Según sus declaraciones citadas por HCH y Artículo 66, en Trojes hay varios comandos de la Resistencia y, tras los asesinatos de sus amigos, él habría sido el siguiente objetivo; afirmó que sobrevivir al ataque es una oportunidad de vida.
El Instituto del Liderazgo de Las Segovias calificó el ataque como un posible “crimen transnacional” y demandó a las autoridades hondureñas la apertura de una investigación urgente.
La organización señaló que Gámez había recibido amenazas previas por parte de integrantes de organismos de seguridad del municipio nicaragüense de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, región limítrofe con Honduras.
Haydee Castillo, directora del instituto y también víctima de persecución y exilio, indicó que, según testimonios, el atentado presumiblemente fue operado desde Nicaragua.
El caso de Marvin Gámez se suma a una serie de atentados y homicidios de opositores nicaragüenses fuera del país que han sido documentados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, el cual ha alertado sobre prácticas de represión transnacional como vigilancia, hostigamiento y violencia armada contra exiliados.
Entre incidentes recientes mencionados están el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam en Costa Rica en junio de 2025, los atentados contra Joao Maldonado en ese país y los homicidios de Rodolfo Rojas Cordero, Santiago Rivera Müller y Jaime Luis Ortega Chavarría en Honduras y Costa Rica.
La situación de Gámez se ve agravada por la falta de renovación de su permiso de residencia en Honduras, hecho que él mismo denunció tras el ataque.
El excombatiente solicitó protección a las autoridades hondureñas y pidió la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para evitar nuevos ataques.
Trojes, lugar del atentado, es una zona fronteriza que en los últimos años ha servido de refugio para nicaragüenses que huyen de la persecución política, según el reportaje de Artículo 66.
A pesar de la gravedad del suceso, hasta ahora no se ha informado públicamente de una investigación oficial que identifique a los autores materiales o intelectuales del ataque.
Las acusaciones dirigidas al régimen nicaragüense provienen de las víctimas y de organizaciones defensoras de derechos humanos, que reclaman acciones concretas frente a lo que consideran una campaña sistemática contra la disidencia nicaragüense en el exilio.
