Entre las decisiones, medidas e iniciativas que han marcado el segundo mandato de Donald Trump —desde la política comercial y la inmigración hasta despidos masivos, conflictos con universidades y enfrentamientos con la prensa— hay una obra que ha ocupado un lugar destacado en su discurso: la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca.
Desde la presentación del proyecto —una intervención de gran envergadura con un coste estimado en cientos de millones de dólares y un fuerte componente simbólico— Trump lo ha defendido con entusiasmo poco habitual: no lo describía solo como una ampliación funcional del complejo presidencial para recepciones y seguridad, sino como una obsesión personal. En apariciones públicas, entrevistas, actos de campaña y reuniones internacionales solía volver a las mismas características: tamaño, altura de los techos, mármoles, capacidad para miles de invitados y el aspecto final de la sala.
Se trata, sin duda, de su proyecto más emblemático, parte del legado físico que pretende dejar junto a otras aspiraciones como su nombre en infraestructuras públicas. Por eso la intervención judicial, que recuerda que el presidente debe respetar controles y equilibrios y contar con la aprobación del Congreso para ciertas obras y gastos, tiene mucha importancia.
Este viernes, por mayoría de dos a uno, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC confirmó un fallo emitido en abril por un juez federal que ordenaba detener la mayor parte de la obra visible del salón de baile hasta que el Congreso autorice expresamente el proyecto. Los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia, designados por Obama y Biden, sostuvieron en la opinión mayoritaria que “el presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”. La jueza Neomi Rao, nombrada por Trump, emitió un voto discrepante.
La decisión contempla, sin embargo, una suspensión de 14 días para que la Casa Blanca pueda recurrir ante el Tribunal Supremo. Además, el fallo permite que continúen los trabajos subterráneos y las tareas relacionadas con la seguridad nacional, como la reconstrucción del búnker presidencial.
El plan impulsado por Trump incluye mucho más que el salón visible de 8.000 metros cuadrados, presupuestado en torno a 400 millones de dólares y, según la Casa Blanca, financiado con donaciones privadas. La demolición del Ala Este forma parte de una remodelación amplia con nuevas oficinas para la primera dama, espacios de apoyo, instalaciones médicas, mejoras de seguridad y la sustitución del antiguo Presidential Emergency Operations Center por un complejo subterráneo más grande y moderno. Mientras la sala en superficie se presenta como financiada con aportes privados, las obras de seguridad subterráneas implican gasto público, con propuestas legislativas que elevan la financiación asociada hasta cerca de 1.000 millones de dólares.
El tribunal subraya que corresponde al Congreso decidir sobre este tipo de proyectos. Eso es relevante porque, aunque actualmente los republicanos controlan ambas cámaras, las mayorías podrían cambiar en las elecciones de noviembre. “La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso y no es una facultad exclusiva del Ejecutivo”, señala el fallo, que añade que esta resolución no pretende valorar la conveniencia política del proyecto, sino exigir la autorización legislativa que la Constitución y las leyes requieren.
El comienzo de la disputa
El litigio comenzó con una demanda presentada en diciembre por el National Trust for Historic Preservation, una semana después de que la Casa Blanca terminara de demoler sorpresivamente el Ala Este para levantar un salón con capacidad, según Trump, para 999 personas. El Gobierno defendió que la intervención, la mayor en la residencia en siete décadas, incluía medidas de seguridad necesarias frente a amenazas como drones, misiles balísticos y riesgos biológicos, y que incidentes como el intento de atentado en la cena de corresponsales reforzaban la necesidad de esas instalaciones.
Los demandantes replicaron que la falta de un salón de baile no constituye una emergencia de seguridad nacional, argumento que el panel judicial estimó razonable. En primavera Trump llegó a atacar al juez que tomó la primera decisión, nombrado por George W. Bush, acusándole de obstruir la seguridad nacional y de retrasar el proyecto.
En junio, los abogados de la Casa Blanca defendieron ante el tribunal que los tribunales federales no deberían paralizar la obra y que el presidente tenía autoridad para modificar los terrenos de la residencia. Con la reciente decisión del tribunal de apelaciones, la cuestión vuelve ahora al Tribunal Supremo, que es la última instancia y cuya mayoría conservadora ha sido objeto de críticas de Trump tras otras derrotas judiciales en asuntos como aranceles y derechos de ciudadanía.
