Un juez federal en Boston desestimó una demanda presentada por el Gobierno del presidente Donald Trump que acusaba a la Universidad de Harvard de no actuar ante el acoso a estudiantes judíos.
El juez de distrito Richard G. Stearns determinó que el Gobierno no logró demostrar una violación continua de las leyes federales de derechos civiles. Señaló que la demanda, interpuesta en marzo, se centraba principalmente en incidentes del curso académico 2023-2024 y algunos ocurridos en marzo de 2025.
Según el magistrado, los episodios descritos fueron «demasiado aislados y episódicos» para probar la existencia de una violación persistente de derechos civiles en el campus de Cambridge, Massachusetts.
Ni Harvard ni el Departamento de Justicia hicieron declaraciones sobre la decisión.
La demanda sostenía que Harvard no protegió a estudiantes judíos durante manifestaciones propalestinas que sacudieron el campus tras los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, y alegaba que algunos alumnos fueron «acosados, agredidos físicamente, perseguidos y escupidos».
Tras la presentación del caso, Harvard afirmó que se preocupa profundamente por los miembros de sus comunidades judía e israelí y que está comprometida a garantizar que se sientan acogidos, respetados y puedan prosperar en el campus.
El presidente de la universidad, Alan M. Garber, señaló que Harvard creó un grupo de trabajo contra el antisemitismo, nombró a un nuevo jefe académico y a nuevos decanos, y reformó sus políticas disciplinarias para hacerlas «más coherentes, justas y eficaces».
El Gobierno buscaba recuperar miles de millones de dólares en subvenciones federales para investigación otorgadas a Harvard desde octubre de 2023, argumentando que tenía derecho a hacerlo en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por raza u origen nacional.
La demanda es una de varias acciones emprendidas por la Administración desde que Harvard rechazó una lista de exigencias de la Casa Blanca tras el regreso de Trump al poder. Además de esta vía legal, las autoridades intentaron recortar fondos de investigación y limitar la capacidad de la universidad para matricular a estudiantes extranjeros y a miembros de las fuerzas armadas de EE. UU.
En otro caso, un juez federal ordenó el año pasado que el Gobierno restituyera más de 2.600 millones de dólares en recortes de financiación a Harvard, al concluir que la Casa Blanca impuso condiciones inconstitucionales y utilizó el argumento sobre el antisemitismo como una «cortina de humo» para un ataque selectivo y motivado ideológicamente. A pesar del conflicto, Harvard y el Gobierno han mantenido algunas negociaciones y, según Trump, estuvieron cerca de un acuerdo; la demanda presentada en marzo, sin embargo, reflejó un estancamiento extraordinario. Cuando se determina que una universidad infringe la ley federal de derechos civiles, lo habitual es alcanzar el cumplimiento mediante acuerdos voluntarios.
