Jalisco, conocido internacionalmente por el tequila y los mariachis, ha ganado notoriedad en años recientes por la violencia extrema asociada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una poderosa organización criminal dedicada al narcotráfico.
La operación conjunta del Ejército mexicano y EEUU que acabó en febrero con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, mejoró las cifras de seguridad en lo que va de año. Sin embargo, el cártel se está reorganizando bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o Pelón, hijastro de El Mencho, lo que genera inquietud entre la población local, que percibe una calma tensa.
El abatimiento de El Mencho el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa provocó pánico en la región: jornadas de violencia extrema, quema de vehículos, bloqueos y máxima alerta de las fuerzas de seguridad. Según Efe, en un solo día fallecieron 25 militares y 33 presuntos criminales. Tras esos hechos hubo una calma tensa ligada al despliegue federal, aunque la venta de droga continuó.
Héctor Flores González, cofundador del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, advierte que la inseguridad permanece porque la organización conserva su estructura pese a detenciones, como la de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, el 26 de abril. Observadores señalan que capturar a los cabecillas no equivale a desarticular completamente el cártel.
Entre las peores consecuencias para la población están las desapariciones y los reclutamientos forzados: el cártel necesita mano de obra para sus operaciones y campos clandestinos y recurre tanto a engaños sobre ofertas laborales como a secuestros, incluidos de menores. Augusto Chacón Benavides señala que las desapariciones responden a trabajos forzados, venganzas y cobros de deudas mediante asesinatos y ocultamiento de cuerpos.
Ceci Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, explica que las organizaciones explotan la vulnerabilidad social: atraen con ofertas laborales falsas por internet prometiendo buenos sueldos, viviendas y vehículos, y luego someten a muchas víctimas a entrenamiento para el crimen. Además de convertirlos en sicarios, los reclutados realizan tareas domésticas, trabajo sexual forzado y contrabando de drogas.
Los ciudadanos se han vuelto blancos potenciales. La maestra Nadia Cea relata que los grupos se hacen pasar por empleadores, lo que impide buscar trabajo con seguridad. La violencia se normaliza y obliga a la población a extremar precauciones; por ejemplo, evitar confrontaciones en la calle porque no se sabe si los implicados portan armas.
Flores González subraya que las desapariciones continúan porque el cártel sigue reclutando forzadamente por necesidad operativa. Aunque se haya decapitado su cúpula, sus células siguen activas. Su experiencia personal remite a la desaparición de su hijo Dani, en 2021, sustraído de su domicilio por personas vinculadas a la Fiscalía del Estado, un caso que evidenció la infiltración del crimen en organismos estatales y aumentó la desconfianza ciudadana.
En México hay más de 130.000 personas desaparecidas registradas; solo en Jalisco se contabilizan 16.191 según el Registro Estatal. Estas cifras podrían ser inferiores a la realidad por el miedo que impide denunciar. Chacón Benavides apunta a la desconfianza y al temor a represalias como causas para no acudir a las autoridades, una situación que Flores Armenta confirma con testimonios de intimidación y amenazas directas.
La alta sensación de miedo disuade las denuncias: muchas personas viven adaptadas a la violencia para evitar conflictos, no para estar bien, lamenta Chacón Benavides. Flores Armenta, que recibe denuncias diarias, describe cómo la población no puede vivir tranquila por el riesgo constante de que aparezcan integrantes del cártel.
La violencia es tan extendida que no depende solo de estar en el lugar equivocado; según Héctor Flores, los criminales pueden irrumpir en domicilios, derribar puertas y llevarse a las personas, lo que refuerza la sensación de inseguridad y vulnerabilidad en la comunidad.
