La excarcelación masiva de presos políticos en las últimas horas, entre ellos la prisionera hispanovenezolana María Auxiliadora Delgado Tabosky, refleja tanto el momento político actual en Venezuela como el enfoque de la revolución bolivariana. En primer lugar, indica que el proceso negociador impulsado por Estados Unidos se toma en serio, a pesar de las controversias alrededor del mismo.
Además, la reapertura de las prisiones ha puesto de nuevo en evidencia el sufrimiento que han padecido estos detenidos y sus familias: torturas, violaciones, detenciones ilegales y desapariciones forzadas. Muchas de estas prácticas recuerdan, en su efecto colectivo, a la sippenhaft —la persecución y castigo de familiares de sospechosos— en una versión actualizada.
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la liberación de más de 130 presos políticos como un paso importante para la reconciliación nacional y señaló que desde el 3 de enero se han puesto en libertad a 1.046 venezolanos. Añadió que Estados Unidos monitorea de cerca el avance del plan de tres fases y las conversaciones presenciales lideradas por Venezuela, según informaron el Gobierno bolivariano y los representantes opositores que participan en la delegación negociadora.
Organizaciones de derechos humanos y familiares han ido confirmando liberaciones a través de testimonios publicados en redes sociales. Hasta ahora se han verificado la mitad de los casos (72 personas, 17 de ellas mujeres) y continúan registrándose nuevas excarcelaciones. Ninguna de las mujeres que salió del penal del Inof —denominado por el Observatorio Venezolano de Prisiones como “el cementerio de mujeres vivas”— junto a María Auxiliadora olvidará el 14 de agosto, día en que abandonaron una situación extrema.
María Auxiliadora, detenida en 2019 junto a su marido, el militar Juan Carlos Marrufo, en el contexto de la persecución contra su hermano también uniformado, tiene 50 años y, según defensores de derechos, es inocente como la mayoría de los presos políticos. Fue acusada y condenada a 30 años por cargos de conspiración y financiamiento del terrorismo que sus defensores consideran fabricados. Tras meses con órdenes de libertad, ella y su marido fueron liberados provisionalmente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pero en el trayecto de regreso fueron detenidos de nuevo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y acusados de otros delitos; permanecieron encarcelados hasta el reciente indulto o liberación.
Del mismo penal salió también Yanín Pernía, de 29 años, presa desde 2018. Organizaciones de derechos humanos y su familia han denunciado reiteradamente que fue desaparecida y sometida a torturas como electrocutaciones, asfixia, inmersiones en agua, exposición desnuda a bajas temperaturas y mutilación de uñas.
Su caso incluye además denuncias de violaciones repetidas por parte de, al menos, 30 agentes que la custodiaban tras ser condenada a 30 años. Pese a las constantes denuncias públicas, no se conoce la apertura de investigaciones judiciales efectivas sobre estos hechos.
Otra liberada, Emirlendris Benítez, abandonó la cárcel en silla de ruedas. Su situación —encarcelada siendo inocente y condenada a 30 años— ha sido citada como ejemplo de la crueldad del sistema que se ha reivindicado como la “revolución bonita”.
Obligada a abortar
Cuando Emirlendris fue detenida en 2018 estaba embarazada. Según las denuncias, además de las torturas fue trasladada a un centro médico donde le practicaron un aborto forzado. Desde entonces vive en silla de ruedas.
Ramón López, colaborador de Dinorah Figuera —jefa de la comisión opositora en las negociaciones—, afirmó que no puede haber un diálogo nacional válido si no se garantiza la liberación plena de todos los presos políticos: “No puede ser un punto de negociación; debe ser un derecho, no una moneda de cambio”.
Por ahora la iniciativa opositora ha tenido resultados, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que entre 320 y 450 presos políticos siguen detenidos. Tras el fracaso de la Ley de Amnistía promovida por Delcy y Jorge Rodríguez —que apenas abrió de forma limitada las puertas de las cárceles—, el proceso impulsado por Estados Unidos aparece como la principal vía para lograr la liberación de los restantes detenidos.
Una de las primeras decisiones consensuadas entre el Gobierno y los opositores vinculados a Estados Unidos afecta al sistema judicial, que críticos consideran usado como herramienta de represión y extorsión: se acordó que todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serán elegidos nuevamente. Esto deshace la maniobra atribuida al llamado chavismo 3.0 de nombrar jueces leales a los Rodríguez en sustitución de quienes estaban vinculados a Cilia Flores, quien, según el texto original, se encuentra actualmente detenida en una celda en Nueva York junto a su esposo.
