Ni la seducción ni el resentimiento nacionalista permitirán a Rabat cumplir sus aspiraciones territoriales sobre Ceuta y Melilla. Las decenas de miles de jóvenes marroquíes que emigran huyendo de la pobreza muestran una profunda desconexión con el régimen y una necesidad urgente de buscar oportunidades fuera del país.
Marruecos no logrará atraer a quienes viven al otro lado de la frontera, pero sí puede complicar cada vez más la vida en esas ciudades. Para ello necesita que las autoridades españolas muestren indiferencia o inacción. Si el objetivo es hacerlas cada vez menos habitables en las próximas décadas, los sucesos de este verano han mostrado que esa estrategia puede resultar eficaz.
Más de dos semanas después del asalto masivo, los servicios esenciales de Ceuta siguen desbordados; 84.000 vecinos manifiestan temor por la seguridad en las calles y conviven con casi 10.000 personas que permanecen en la ciudad ocupando espacios públicos.
El episodio evidenció la capacidad para aumentar la presión social y política en pocas horas, duplicando la población de Ceuta en un solo día y provocando un debate amplio en España y en la Unión Europea.
La avalancha también advierte sobre la fragilidad de la frontera y establece un mecanismo de presión permanente que dificulta cualquier proyecto de vida en esos territorios, sugiriendo que mantener la soberanía conlleva un coste elevado. Si en el futuro la cifra de entradas se duplicara, o si muchos no regresaran, o si se sumaran grupos organizados para generar un caos mayor, las consecuencias serían mayores. En lugar de una respuesta contundente, el Gobierno ha elogiado la gestión marroquí por readmitir a buena parte de quienes entraron.
A la presión demográfica se añade la presión económica que Marruecos ejerce desde hace años, regulando el paso de mercancías en las aduanas. Esto ocurre pese a la aparente mejora en las relaciones con Madrid tras la aceptación por parte de España de la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Las cesiones de los últimos años han reducido la capacidad de reacción de este y otros gobiernos españoles a la hora de defender el estatus de Ceuta y Melilla. Hay señales de tibieza: desde la dificultad para autorizar una visita del Rey hasta la demora en el despliegue militar durante el 30 de junio y la falta de ambición para proteger y desarrollar plenamente ambos territorios. Tampoco se ha impulsado el plan de seguridad integral prometido en 2021 tras el primer asalto masivo a la frontera ceutí.
El temor a incomodar a Marruecos implica asumir parte del relato de Rabat y contribuye a que el país logre sus objetivos por vías indirectas. Al no poder alcanzarlos mediante la fuerza militar o el atractivo económico, necesita la condescendencia de España, su inacción y sus momentos de debilidad, para avanzar en esas metas.
