Según datos oficiales, en los últimos seis meses el 61% de los argentinos contrajo algún tipo de deuda, aunque no aumentó la compra de bienes duraderos; los créditos se destinaron principalmente a alimentos, pago de servicios, alquileres o a saldar otras obligaciones.
No es un fenómeno nuevo: se observa desde al menos 2023 y se aceleró en 2026. Lo novedoso es que muchos deudores ahora tienen serias dificultades para cumplir con los pagos, y la mora alcanza el 17,5%, lo que pone en tensión al sistema financiero.
Para el economista y senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Monteverde, es necesario considerar el contexto histórico del crédito en el país, no solo la situación actual.
Monteverde señala que la expansión del crédito fue, en sí, una noticia positiva: el acceso al financiamiento para empresas y familias volvió a crecer. Hasta diciembre de 2023, el crédito representaba apenas una cuarta parte de lo que representa hoy en relación al PIB, por lo que su aumento implicó una recuperación del acceso al crédito.
Añade que resulta inexacto calificarlo únicamente como “endeudamiento”, ya que se trata de crédito al sector privado cuyo volumen sigue siendo bajo en comparación con países desarrollados y también con varios países de la región. Por eso, lo que se presentó como negativo tuvo aspectos favorables.
Según Monteverde, el problema central es la mora en el servicio de esos créditos, que responde a varios factores. En primer lugar, en Argentina los agentes económicos estaban acostumbrados a que la inflación licuara parte de los pagos futuros; en esta ocasión la inflación no se comportó así, sino que cayó, y eso frustró esas expectativas.
Además, muchos tomadores recurrieron a nuevas deudas para afrontar incumplimientos previos, empleando distintos canales y modalidades de financiamiento. Esa superposición de endeudamientos empeoró la situación financiera de hogares y empresas.
EL FACTOR “DESESTABILIZADOR”
Más allá de las razones económicas, Monteverde identifica un factor político que contribuyó de forma decisiva al aumento de la mora.
A partir de marzo de 2025, cuando se dudaba de la aprobación de la revisión del acuerdo con el FMI y de la llegada de fondos frescos, se desplegó una presión sostenida desde medios y ámbitos políticos contra el Gobierno. Esa ofensiva se intensificó en el segundo semestre con proyectos de ley que, según él, buscaban socavar la política fiscal del Ejecutivo.
Esos proyectos se convirtieron en ley en algunos casos, incluso superando vetos presidenciales, y se presentaron varios pedidos de juicio político contra el presidente. En ese clima de inestabilidad la demanda de dinero se redujo y se incrementó la dolarización de carteras en un volumen inédito. Para mantener la estabilidad, el Gobierno mantuvo disciplina fiscal y monetaria, lo que llevó a un alza de las tasas de interés y, en consecuencia, afectó la actividad económica que venía creciendo.
Monteverde sostiene que el aumento de la mora fue, en buena parte, un subproducto de esa ofensiva desestabilizadora antes de las elecciones de medio término. A ello se sumaron el sobreendeudamiento por canales diversos, la pérdida de experiencia de los bancos en análisis crediticio tras años de prestar casi exclusivamente al Estado, y la errónea suposición de muchos deudores de que la inflación reduciría el peso de sus compromisos, como había ocurrido en décadas anteriores.
“UNA SOLUCIÓN PLAUSIBLE”
Para el senador de La Libertad Avanza, la respuesta no puede ser un “Plan Platita”, ya que implicaría transferir recursos de quienes no tienen responsabilidad en la situación a quienes optaron libremente por asumir esas obligaciones.
Además, advierte que medidas de ese tipo terminan siendo auxiliares de los bancos. Estas entidades son profesionales y, según él, deberían evaluar correctamente a quién prestar, cómo hacerlo y qué costos trasladar a sus clientes. Por ello responsabiliza a bancos, fintech y otras instituciones financieras por el riesgo que asumieron.
