Tras la intensa cobertura informativa de principios de agosto sobre Ceuta, el foco mediático se ha desplazado, pero la ciudad sigue afrontando graves consecuencias: miles de personas en la calle, problemas de seguridad que van desde episodios de violencia hasta escenas de vulnerabilidad extrema, servicios públicos colapsados, comercios cerrados y residentes que evitan salir. Además, la vigilancia reforzada por Marruecos y el aviso de un posible nuevo intento de entrada añaden tensión. Reducir lo ocurrido a una crisis migratoria más sería una lectura incompleta.
Es necesario distinguir y analizar por separado tres dimensiones que con frecuencia se mezclan.
La primera es la soberanía. Ceuta no es sólo una ciudad española, sino territorio de la Unión Europea; la utilización masiva de flujos migratorios como instrumento de presión sobre una frontera exterior europea constituye una agresión política que la UE no puede normalizar. Ya hubo un antecedente en la frontera con Bielorrusia: cambian los escenarios, pero se repite la misma lógica de empujar multitudes hacia suelo comunitario.
La segunda dimensión afecta a Marruecos y tiene dos matices relevantes. A diferencia de Bielorrusia, Marruecos es uno de los socios más cercanos de la UE, lo que hace el episodio más complejo en lo estratégico. Además, en Ceuta muchos de los protagonistas eran jóvenes marroquíes, lo que transforma la crisis: la migración no es sólo un fenómeno externo, sino también un recurso político que incorpora reivindicaciones, frustraciones y desesperanza de parte de la juventud marroquí.
La tercera dimensión obliga a superar eslóganes y atender la historia. Sostener jurídicamente la soberanía española sobre Ceuta es correcto, pero insuficiente si no se explica y comunica esa legitimidad. La historia y la memoria son necesarias para hacer comprensible la posición actual ante propios y ajenos.
La legitimidad debe hacerse inteligible; no basta con tener razón en términos jurídicos.
Conviene partir de la geografía e indagar en la historia del Estrecho: durante milenios ha sido un espacio de intercambio, mestizaje y también conflicto entre las orillas del Mediterráneo occidental, donde han coexistido influencias fenicias, cartaginesas, romanas e islámicas y movimientos poblacionales que han marcado ambas márgenes.
Desde los siglos IX y siguientes se consolidaron autoridades políticas en el norte de África con continuidad y cambios: dinastías como los idrisíes, almohades, benimerines y, desde el siglo XVII, los alauíes. Ese pasado no se reduce fácilmente a la narrativa del colonialismo europeo; las formas de organización y las relaciones entre poder central y comunidades eran complejas y específicas.
Fez mantuvo relaciones diplomáticas con capitales europeas en distintos periodos y la experiencia del Protectorado forma parte de la memoria compartida; sin embargo, la realidad histórica de territorios y ciudades es diversa y merece ser comprendida en su contexto propio.
Ceuta es, ante todo, una ciudad formada por calles, instituciones, habitantes y memoria. Reducir la presencia española en el norte de África a un litigio territorial o limitarla a argumentos jurídicos es no atender lo que define a la ciudad en la práctica.
Además de un plan de emergencia amplio y multidisciplinar para aliviar la situación inmediata, España necesita una política de Estado específica, sostenida y coherente en el tiempo: firmeza en la defensa de la soberanía con respaldo europeo, acción continua del Estado, diálogo sosegado y replanteamiento de la relación con Rabat, inversión significativa en Ceuta y Melilla, normalidad institucional y una narrativa pública que explique cómo estas ciudades forman parte del proyecto del país sin desvirtuar la historia compartida con Marruecos.
Las ciudades no viven sólo de tratados: viven del legado de quienes las construyeron y de la voluntad colectiva de seguir desarrollándolas.
