Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, buscan imponer mediante una nueva reforma constitucional lo que el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) califica como una “dictadura dinástica”, según un análisis divulgado este martes en Costa Rica.
El propio Ortega anunció el 19 de julio que en el país no habría más elecciones y adelantó que presentaría un paquete de reformas a la Asamblea Nacional para formalizar esa decisión, indica el centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos. Poco después, el presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, confirmó la iniciativa de reforma constitucional que pretende “anular definitivamente la posibilidad de unas elecciones justas, competitivas y transparentes”.
Concentración total del poder del Estado
El paquete de reformas plantea extender el período presidencial a siete años renovables y abarcaría más de 7.000 cargos públicos, incluidos puestos de elección popular, así como el Ejército y la Policía Nacional. El Cetcam recuerda que entre 2024 y 2025 el régimen profundizó su tendencia autoritaria al reformar la Constitución para subordinar la Presidencia a todos los poderes del Estado y a los gobiernos municipales y regionales, crear dos copresidencias, limitar la postulación a cargos públicos por considerar a algunos “traidores a la patria” y ampliar el mandato de cinco a seis años.
Los expertos consideran que estas medidas, sumadas al fin de los comicios, establecen un precedente grave para América Latina y el resto del mundo.
El informe señala que la maniobra ha llamado la atención de la comunidad internacional, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. En particular, Estados Unidos ha adoptado una postura enérgica y solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación.
Para el Cetcam, el proceso pone fin a los últimos vestigios democráticos y al derecho ciudadano a elegir a sus gobernantes; no obstante, los analistas consideran que también clarifica la ruta de incidencia para la oposición en el exilio y subrayan que los países del hemisferio americano tienen la responsabilidad de actuar frente a la instauración de una dictadura familiar encabezada por Ortega, un exguerrillero de 80 años en el poder desde 2007, y Murillo, quien pasó de vicepresidenta a copresidenta tras la reforma de 2025.
