Un tribunal federal de Estados Unidos anuló la suspensión de visados de inmigrante para 75 países impuesta a principios de año por el Gobierno de Donald Trump, al concluir que el secretario de Estado, Marco Rubio, se excedió en sus atribuciones legales al aplicar la medida.
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, sostuvo en una sentencia de 61 páginas que la prohibición es “manifiestamente ilegal” y cuestionó la justificación de la Administración de que los solicitantes representaban un alto riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos.
La magistrada indicó que se llegó a denegar visados a personas que cumplían los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, en contravención de la normativa que exige evaluaciones individualizadas de cada caso.
Entre los países afectados por la directiva estaban naciones de América Latina y el Caribe, como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
La demanda incluyó a cinco profesionales colombianos a quienes se les denegó el visado bajo esta política, así como a seis ciudadanos estadounidenses con familiares perjudicados en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según informó The New York Times.
El fallo deja sin efecto también las denegaciones basadas exclusivamente en esa directiva, lo que podría abrir la puerta a la revisión de miles de solicitudes ya procesadas.
Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, dijo en un comunicado que la decisión “representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a una prohibición ilegal y discriminatoria”, y subrayó que las leyes migratorias “no pueden utilizarse para justificar la discriminación”.
Por su parte, Skye Perryman, presidenta de la ONG Democracy Forward, calificó la resolución como un “contundente rechazo a una política que causó un daño enorme a familias y comunidades”.
Perryman añadió: “La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos constitucionales sin rendir cuentas por ello”. Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre la decisión judicial.
