La Justicia de Quilmes investiga una denuncia presentada por internos de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela. Según la acusación, un grupo de exmiembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas habría establecido un sistema de cogobierno dentro del penal que incluiría la comercialización de servicios de internet, alimentos y estupefacientes.
La presentación se tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes y fue formulada como un hábeas corpus colectivo por un grupo de internos.
La denuncia se centra en el Pabellón 1, donde se alojan exclusivamente exagentes, y señala la existencia de una organización interna identificada como «La Comitiva» o «Los Limpiezas y Mantenimiento», supuestamente actuando con la connivencia de autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Entre los hechos denunciados figura la imposición de un régimen tarifario clandestino para acceder a internet. Según la denuncia, la organización exige cuotas mensuales de entre $30.000 y $40.000 por interno para el uso de antenas Starlink que serían controladas por la cúpula del grupo.
También se acusa a la organización de monopolizar la venta de bebidas y alimentos dentro del penal. La presentación indica que se limita el ingreso de gaseosas de primera marca a los familiares de detenidos comunes, mientras que se permiten cargamentos para «La Comitiva», que luego serían revendidos a $10.000 la unidad y funcionarían como pantalla para la comercialización de estupefacientes.
El escrito judicial describe además la usurpación de funciones públicas, como el control de los candados del pabellón. Señala que personal penitenciario habría entregado las llaves reglamentarias a miembros de «La Comitiva», quienes administrarían la apertura y cierre de las 26 celdas del sector y utilizarían ese control para castigos arbitrarios, modificando horarios de encierro.
Por la gravedad de los hechos, los denunciantes solicitaron la intervención de fuerzas federales, como la Gendarmería Nacional o la Policía Federal Argentina, y pidieron que se decrete el secreto de sumario para proteger a denunciantes y testigos. También requirieron allanamientos y el secuestro de teléfonos y documentación que podrían acreditar las acusaciones.
