La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora dejó sin efecto un beneficio que se le había otorgado a Daniel Lagostena, condenado por el femicidio y el aborto forzado de su pareja, Érica Soriano, ocurrido en agosto de 2010.
La decisión de alzada anuló un descuento de 15 meses de pena que un juez de ejecución había aplicado anticipadamente como «estímulo educativo» por la realización de talleres y cursos en prisión. Con ello, la Cámara hizo lugar al reclamo presentado por la familia de la víctima y por la fiscalía.
Los argumentos de la Justicia
El tribunal acompañó la posición de la querella y consideró que la reducción aplicada fue prematura e improcedente en esta etapa del proceso:
Evaluación diferida: La Cámara determinó que la consideración de incentivos educativos y la eventual disminución de plazos debe resolverse cuando Lagostena esté en condiciones de solicitar beneficios concretos, como salidas transitorias, libertad asistida o libertad condicional.
Mantenimiento de la pena: Hasta que no se tramite y resuelva una solicitud concreta, se mantiene el cómputo original de la condena de 22 años de prisión. Según ese cálculo, el vencimiento de la pena sería en octubre de 2037 (o en diciembre de 2029 si se computa sin reconocer beneficios retroactivos). Lagostena permanecerá alojado en la Unidad Penitenciaria N.o 1 de Olmos.
La postura de la familia: «Para que no le haga daño a nadie más»
Tras conocerse la resolución, Ester, madre de Érica Soriano, expresó alivio por la revocación del beneficio. Aclaró que ninguna decisión judicial devolverá la vida a su hija ni explicará el paradero final de sus restos, pero sostuvo que la insistencia por mantener la pena completa busca impedir que el condenado recupere la libertad antes de tiempo.
El caso que conmocionó al país
Érica Soriano, de 30 años y con poco más de dos meses de embarazo, fue vista por última vez el 20 de agosto de 2010 en la vivienda que compartía con Lagostena en Lanús. Aunque su cuerpo no fue hallado —existe la hipótesis de que sus restos fueron cremados o desaparecidos—, la investigación reconstruyó un marco de violencia machista y reunió pruebas indiciarias suficientes para condenar a Lagostena en 2018 por homicidio en concurso real con aborto.
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