Donald Trump ha encontrado, según informes, un posible socio para explotar el petróleo venezolano: Alejandro Betancourt López, empresario de 46 años que amasó su fortuna durante la era de Hugo Chávez y que actualmente está bajo investigación por el presunto desfalco de millones a la petrolera estatal PDVSA. Tras un año de indagaciones para identificar actores capaces de facilitar operaciones en Venezuela después de la salida de Nicolás Maduro, la Casa Blanca habría aceptado colaborar con Betancourt, cuya familia controla North American Blue Energy Partners (NABEP), el segundo productor privado de petróleo del país.
El Gobierno de Estados Unidos anunció un acuerdo para explotar una porción significativa de las reservas petroleras venezolanas, descrito por Trump como “el mayor acuerdo petrolero del mundo” y estimado en unos 65.000 millones de barriles para EEUU. Según el acuerdo, Washington obtendría el 55% del crudo en una explotación conjunta con NABEP, un arreglo que expertos han calificado como irregular y extremadamente inusual.
En Venezuela, la presidenta Delcy Rodríguez ha apoyado el pacto, señalando en un comunicado que podría tener un impacto notable en la recuperación económica del país y generar más de 200.000 millones de dólares en impuestos. El acuerdo abarcaría 17 campos petroleros distribuidos por todo el territorio nacional.
Betancourt podría desempeñar un papel central en la operación. Su perfil público se consolidó a partir de 2010, cuando obtuvo contratos millonarios para levantar plantas eléctricas sin experiencia previa en el sector, lo que le valió críticas y la etiqueta de integrante de la élite ligada al chavismo.
El pasado del empresario
Proviene de una familia acomodada, aunque su núcleo familiar —su madre, Lilia López, diseñadora de joyas, y su padrastro, Domingo Guzmán de Frutos, pintor con título nobiliario español— no gestionó bien algunos bienes. Al regresar de sus estudios en Boston, Betancourt encontró la vivienda familiar en deterioro, usada como taller de joyería por su madre.
Sus cuentas en Suiza han sido investigadas por presunto blanqueo de capitales durante más de una década. En España, la Audiencia Nacional le atribuye el soborno de tres funcionarios de PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar cerca de 5.000 millones y blanquearlos mediante inversiones inmobiliarias y empresariales, según las acusaciones.
Fuentes cercanas al Gobierno de EEUU indican que la administración ha priorizado la experiencia de Betancourt en el sector energético por encima de las investigaciones en su contra. Inicialmente se vinculó al sector eléctrico a través de Derwick Associates, empresa que obtuvo contratos por aproximadamente 5.000 millones de dólares.
Esos proyectos no resolvieron los problemas crónicos del suministro eléctrico en Venezuela y, según investigaciones posteriores, las adjudicaciones incluyeron sobrecostes estimados en alrededor de 2.900 millones de dólares que beneficiaron a los adjudicatarios.
Tras ese periodo, Betancourt adquirió participación en Petrozamora, que operaba yacimientos maduros en el lago de Maracaibo; esos activos pasaron a formar el núcleo de NABEP, que desde entonces ha comprado nuevos campos y aumentado su producción a partir de 2024.
Funcionarios en Washington, entre ellos figuras como Marco Rubio y otros responsables, consideran que Betancourt podría ser un intermediario útil para el plan de Trump, que busca compensar con crudo venezolano la escasez derivada del conflicto con Irán y los cuellos de botella en el Estrecho de Ormuz, factores que han presionado al alza los precios del combustible.
Según fuentes en EEUU, la administración ha presionado a las autoridades suizas para flexibilizar restricciones de viaje sobre Betancourt, tras la emisión de una orden de extradición desde el Reino Unido, donde posee dos mansiones, por presunto blanqueo de capitales. Está confirmado que el Departamento de Estado le concedió un visado para reunirse con miembros del Gobierno de Trump.
