El Gobierno israelí rechazó la iniciativa impulsada por Reino Unido para restringir la importación de productos procedentes de los asentamientos en Cisjordania y respondió anunciando varias medidas, entre ellas el cierre de su consulado en Jerusalén Este. La dirigencia palestina en Ramala, por su parte, aplaudió la declaración hecha por Reino Unido y otros once países.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, tildó de “mentiras escandalosas” las acusaciones formuladas en el Parlamento británico por el titular de Exteriores del Gobierno laborista, y aseguró que Israel no tiene nada contra el pueblo británico, sino que responde a lo que considera acciones hostiles del Ejecutivo británico. Saar advirtió además que las medidas anunciadas dañarán a miles de palestinos que trabajan en los asentamientos israelíes en Cisjordania.
Saar también criticó que algunos gobiernos, incluido el laborista, no impongan sanciones a la Autoridad Palestina por lo que calificó de apoyo financiero al terrorismo a través del mecanismo conocido como “Pay for Slay”. En su intervención recordó la Declaración Balfour del Reino Unido de hace más de un siglo, que reconoció el derecho histórico del pueblo judío a restablecerse en la Tierra de Israel, incluida Judea y Samaria, y defendió el derecho de los judíos a permanecer en esa tierra tras siglos de exilio.
Además del cierre del consulado —Saar afirmó que “Jerusalén unificada es la capital de Israel y está bajo su plena soberanía”— el Gobierno israelí anunció la retirada de los representantes británicos del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) en el sur de Israel, encargado de asuntos relacionados con la Franja de Gaza, una medida similar a la que aplicó previamente con otros países como España en abril.
Las otras represalias para Gran Bretaña
Entre las demás represalias, Israel suspendió las actividades de formación que Reino Unido impartía a las fuerzas de la Autoridad Palestina a través del British Support Team in Ramallah y anunció la denegación de entrada a 12 ciudadanos británicos —incluidos representantes electos— a los que calificó de implicados en actos antisemitas o antiisraelíes, así como a quienes niegan la existencia del Estado de Israel.
El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Hussein Al Sheikh, apoyó la declaración de los 12 países y pidió pasar de la condena a la adopción de medidas vinculantes y contundentes para frenar la expansión de los asentamientos y la anexión de facto de territorios en Cisjordania, garantizar el respeto al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU y hacer responsables a los autores de la violencia y el terrorismo entre colonos israelíes.
Al Sheikh advirtió asimismo que los planes de expansión de los asentamientos, en particular el proyecto E1, pueden fragmentar el territorio palestino al separar el norte de Cisjordania del sur, lo que, según él, comprometería gravemente la viabilidad de un futuro Estado palestino territorialmente contiguo.
