23 de octubre de 2026
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Javier y Karina Milei sobreseídos en la causa Libra

Javier y Karina Milei sobreseídos en la causa Libra

Javier y Karina Milei sobreseídos en la causa Libra

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, en la causa $Libra, que investigaba una presunta estafa con criptomonedas vinculada al lanzamiento y la promoción de ese token. La decisión, dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, alcanzó a los once imputados y se fundamentó en la inexistencia de delito.

El magistrado resolvió luego del pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal Eduardo Taiano. Con ese dictamen y sin querellantes con potestad para apelar, el expediente quedó concluido y, una vez firme la resolución, se comunicará y se archivará la causa.

Sobre las figuras investigadas —estafa, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública—, el juez determinó que “los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal”, según consta en la resolución a la que tuvo acceso la agencia DIB.

El descarte de la estafa

En relación con la hipótesis de estafa, Martínez de Giorgi sostuvo que no se acreditó “un engaño penalmente relevante”. Reconoció que la investidura institucional del Presidente pudo conferir al token una visibilidad particular, pero consideró que eso no constituye, por sí mismo, “un ardid defraudatorio”.

El fallo señaló que $Libra operó en el mercado especulativo y volátil de las criptomonedas, donde no se garantizan rentabilidades, y que la caída de su cotización no configura por sí sola el delito. La resolución reconoció además la marcada distribución desigual de resultados: algunas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones, mientras que más de 40.000 compradores registraron pérdidas tras el posteo presidencial del 14 de febrero de 2025.

Si bien el juez no ocultó esa disparidad, estimó que las pérdidas y ganancias desiguales no bastan para probar una estafa y advirtió contra “inferir la existencia de una maniobra defraudatoria exclusivamente a partir de la distribución final de ganancias y pérdidas”.

El mensaje en X como acto individual

Para desestimar las imputaciones de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, el juez tuvo en cuenta informes de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría General de la Presidencia y de la Oficina Anticorrupción. Esta última concluyó que el mensaje difundido por Javier Milei desde su cuenta personal en X fue un acto “individual o privado”, sin uso de recursos públicos ni intervención institucional.

Martínez de Giorgi consideró que el post podía interpretarse como una alusión a “las consecuencias de determinadas decisiones políticas oficialistas” sobre los mercados y lo comparó con la presencia presidencial en la inauguración de una fábrica. Asimismo, no se hallaron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que vinculen la función pública con la iniciativa privada investigada.

Sin pruebas de pagos por reuniones

Respecto del supuesto tráfico de influencias atribuido a Karina Milei, los peritajes y las pruebas extraídas de dispositivos electrónicos no confirmaron pagos de dinero ni dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, como Hayden Davis y Julian Peh. Referencias en notas digitales sin firma y citas periodísticas tampoco fueron consideradas pruebas objetivas de un intercambio ilícito.

El valor de los informes de la DATIP

El juez cuestionó el valor probatorio de los informes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) por un sumario administrativo que constató el ingreso indebido de una empleada a documentación reservada del caso, parte de la cual trascendió a la prensa. Ese episodio, dijo la resolución, afectó en cierta medida la cadena de custodia y redujo el valor probatorio de esos informes.

No los declaró nulos, pero estimó que sus conclusiones, integradas con el resto de las pruebas, no alcanzaban para sostener la hipótesis delictiva.

Pistas que no llegaron a una conclusión incriminatoria

Las cajas de seguridad vinculadas a Mauricio Novelli estaban vacías al momento de los allanamientos, aunque las filmaciones registraron ingresos de María Alicia Rafaele y María Pía Novelli en fechas próximas al lanzamiento del token. Por otra parte, los informes técnicos no lograron vincular de modo contundente a Camilo Rodríguez Blanco y a Orlando Mellino con los hechos investigados, pese a movimientos de dinero detectados en fechas cercanas al lanzamiento.

En el ámbito de los criptoactivos, el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal reconstruyó transferencias desde billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” hacia otras direcciones y plataformas de intercambio. Esos hallazgos motivaron medidas cautelares, pedidos de información y el bloqueo de ciertas billeteras, aunque las respuestas de las empresas fueron parciales y algunas tareas de trazabilidad no pudieron completarse por falta de herramientas técnicas bajo licencia.

Las decisiones de septiembre en Argentina y Estados Unidos

En paralelo, las autoridades estadounidenses cerraron su expediente de asistencia judicial al considerar insuficientes los elementos aportados para acreditar una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros solicitados.

El juez también invocó dos fallos de septiembre: el del 4 de septiembre, de la Cámara Federal porteña, que apartó a los inversores como querellantes por considerar “diluida” la hipótesis de un plan organizado desde el poder; y el del 29 de septiembre, de un tribunal federal de Nueva York, que desestimó una demanda civil contra Kelsier Labs y Davis por motivos procesales y sustantivos, incluida la falta de jurisdicción en algunos planteos.

Los once sobreseídos

La resolución sobreseyó definitivamente a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino, entre otros, alcanzando en total a once imputados que no habían sido citados a indagatoria.

Martínez de Giorgi aclaró que la formación del proceso “no afecta el buen nombre y honor” de los sobreseídos.

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