Austria ha declarado personas non gratas a cuatro diplomáticos rusos por sospechas de espionaje; con ellos, ya son 18 los representantes de Moscú expulsados desde 2020. Estas medidas se suman a una ola de salidas de funcionarios rusos en Europa tras la invasión de Ucrania: solo en 2022, más de 600 empleados rusos tuvieron que abandonar el continente, de los que más de 400 eran presuntos espías, según el servicio de Inteligencia británico MI5.
La medida, anunciada por el Ministerio de Exteriores austriaco, afecta a tres miembros de la embajada rusa en Viena y a un integrante de la delegación de Moscú ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) encargado de seguridad militar y control de armamentos. Las autoridades imputan a los implicados actividades “incompatibles con su estatus diplomático”, la fórmula habitual para aludir a operaciones de inteligencia sin dar detalles.
La decisión se basó en informes de los servicios de seguridad austriacos. Según el semanario Profil, citado por la agencia APA, el Ministerio de Defensa advirtió en agosto a militares y reservistas sobre posibles contactos con agentes rusos y solicitó su colaboración; las respuestas recibidas reforzaron las sospechas sobre tres de las personas expulsadas, a las que se añadió el representante ante la OSCE.
El precedente inmediato ocurrió en mayo, cuando Austria expulsó a otros tres diplomáticos por la instalación de antenas en edificios vinculados a Rusia en Viena, señaladas durante años por los servicios de Inteligencia como posibles instrumentos para interceptar comunicaciones por satélite. “Es inaceptable que se utilice la inmunidad diplomática para cometer espionaje”, declaró entonces la ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger. Moscú rechazó la medida y anunció represalias.
Viena ha sido durante décadas un centro de actividad de espionaje: concentra información, interlocutores y organismos internacionales relevantes —como la OSCE, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras agencias de la ONU, además de la OPEP—, lo que facilita acreditar personal y establecer contactos amparados por la inmunidad diplomática. Su reputación como núcleo de inteligencia, forjada en la Guerra Fría, ha persistido.
Austria, tradicionalmente neutral, mostró inicialmente más reticencia que otros países europeos a expulsar diplomáticos rusos, pero las decisiones recientes reflejan un endurecimiento de su postura. En mayo, Meinl-Reisinger presentó la lucha contra el espionaje como un cambio de rumbo del Gobierno y defendió ampliar la protección ante operaciones dirigidas contra organismos internacionales.
España participó en la oleada de expulsiones tras la invasión de Ucrania: en abril de 2022, José Manuel Albares anunció la salida de alrededor de 25 diplomáticos y empleados de la embajada rusa por considerarlos una amenaza para la seguridad nacional, decisión vinculada también a las matanzas de civiles en Ucrania. Ese mismo mes, Alemania expulsó a 40 miembros de las representaciones rusas; la entonces ministra Annalena Baerbock afirmó que habían actuado durante años contra la libertad y la cohesión de la sociedad alemana.
Francia ordenó la salida de 41 representantes rusos en abril de 2022 —primero 35 y días después otros seis— tras desmantelar una operación clandestina de inteligencia vinculada a Moscú. Países Bajos expulsó en marzo a 17 agentes que, según su Gobierno, operaban bajo cobertura diplomática. De este modo, embajadas y consulados se convirtieron en otro frente de confrontación con el Kremlin.
La respuesta europea tuvo un antecedente en el Reino Unido: en marzo de 2018, tras el envenenamiento del exespía Serguéi Skripal y su hija en Salisbury, Londres expulsó a 23 diplomáticos rusos identificados como agentes de inteligencia no declarados. Fue la mayor expulsión británica en más de 30 años y anticipó el deterioro de las relaciones que la invasión de Ucrania agravaría.
Moscú respondió con medidas recíprocas: en abril de 2022 ordenó la salida de 40 diplomáticos alemanes, igualando las expulsiones de Berlín. Las represalias alcanzaron también a instituciones culturales. En septiembre de este año, Alemania anunció el cierre de la Casa Rusa de Berlín y el consulado ruso en Bonn tras responsabilizar a Moscú de un intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig/Halle; Rusia negó las acusaciones y ordenó el cierre de centros del Goethe-Institut y del consulado alemán en San Petersburgo.
La reacción no se limitó a Europa: Japón ordenó en abril de 2022 la salida de ocho diplomáticos y funcionarios rusos por la invasión de Ucrania. En Australia, la prensa informó en febrero de 2023 del desmantelamiento de una red rusa cuyos integrantes abandonaron el país discretamente mediante la cancelación o no renovación de visados; los servicios australianos confirmaron la operación contra una amplia red de espionaje, aunque no identificaron públicamente al país responsable.
