La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires anunció que solicitará el jury político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, medida que según el partido contraviene una ley sancionada por el Congreso de la Nación.
Desde LLA señalaron además que la suspensión contribuye a aumentar la sensación de impunidad que, a su juicio, afecta a los habitantes de la provincia de Buenos Aires.
Según fuentes citadas por la Agencia Noticias Argentinas, Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia, encabezará junto a sus equipos técnicos y políticos una mesa de trabajo para definir el mecanismo para solicitar la destitución de la magistrada.
Pareja afirmó que la jueza actúa alineada con sectores del poder político provincial y que su decisión pretende frenar una ley aprobada democráticamente por el Congreso y diseñada, según él, para responder a una demanda social.
En ese sentido, acusó a sectores del kirchnerismo y del peronismo de buscar excusas para permitir la liberación de imputados y recordó medidas similares adoptadas durante la pandemia.
Pareja añadió que, si una jueza actúa como un peón del gobernador Axel Kicillof, no reúne las características básicas que debe tener un magistrado, pues no debe anteponer criterios políticos frente a una norma aprobada por la representación nacional y reclamada por la población.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis, dijo que la decisión evidencia la postura de la justicia provincial y sostuvo que sus medidas terminan protegiendo a delincuentes.
Curestis agregó que, en su opinión, la resolución solo contribuye a garantizar la impunidad y que los vecinos de la provincia no pueden seguir siendo rehenes de un gobernador y de un Poder Judicial que, según él, priorizan la defensa de imputados por encima de la seguridad de los ciudadanos.
Finalmente, el jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, consideró inadmisible que un fallo de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la aplicación de la ley penal juvenil y, en su criterio, deje de lado a las víctimas de delitos cometidos por menores.
Osaba concluyó que no existen argumentos suficientes para suspender una ley aprobada por el Congreso Nacional y anunció que impulsarán un jury político en respuesta a la decisión.
