He asistido recientemente a un encuentro internacional en París promovido por actores económicos saudíes —con intención de celebrarse el año próximo en España— centrado en inversiones y tecnologías que están configurando ya las sociedades del futuro, en especial la transición energética. De las agendas, intervenciones y conversaciones se extrae una tendencia clara: las empresas saudíes buscan proyectarse globalmente, diversificar sus vínculos y emplear su poder financiero como herramienta de presencia internacional.
Ese impulso revela una transformación más amplia. Durante décadas, el poder de Arabia Saudí descansó principalmente en el petróleo. Hoy el Reino no renuncia a ese recurso, pero lo complementa con otras palancas de influencia: renovables, hidrógeno, energía nuclear, minerales críticos, tecnología, industria y capital con inversiones fuera del país. Lejos de dejar de ser una potencia petrolera, aspira a convertirse en una potencia de portafolio.
La expresión ayuda a entender la estrategia: Riad no busca sustituir a Estados Unidos por un nuevo protector, sino multiplicar anclajes y ampliar sus opciones. Sus relaciones con Turquía y Pakistán, la vertiente económica con China, el enlace continuo con Washington y la atención renovada hacia Europa responden a una lógica de acumulación de alternativas, no a un cambio de alineamiento único.
La visita reciente de Mohamed bin Salmán a Francia es ilustrativa. Los medios se centraron en anuncios llamativos, como grandes parques temáticos cerca de París, pero lo relevante es la escala de las iniciativas saudíes: no solo como proveedor energético, sino también como posible socio industrial y fuente de capital a largo plazo en Europa. Energía, tecnología, infraestructuras, financiación e inversiones cruzadas forman un mismo marco de trabajo. El esquema tradicional —Europa compra energía al Golfo y el Golfo compra tecnología a Europa— se queda corto.
En ese sentido, la energía vuelve a situarse en lo que la teoría política denomina statecraft, un concepto que en este contexto puede entenderse como la capacidad estratégica del Estado: el conjunto de medios y recursos con los que un país protege su soberanía, defiende sus intereses y preserva su margen de maniobra.
Arabia Saudí lo tiene presente; Europa también lo entendió en su momento. El caso de Francia es paradigmático: el primer choque petrolero de 1973 dejó al descubierto la vulnerabilidad derivada de la dependencia de hidrocarburos importados y aceleró de forma notable su programa nuclear civil, no solo para generar electricidad sino para reducir su exposición estratégica. De forma similar, los impulsores de la integración europea consideraron que carbón, acero y más tarde la energía atómica eran elementos de poder, no meros asuntos sectoriales.
Con el tiempo, esa percepción se desdibujó en la Unión Europea. La seguridad de suministro se asumió durante demasiado tiempo como algo garantizado por el mercado: si había vendedor y precios asequibles, el abastecimiento estaba asegurado. La política pública se orientó con prioridad hacia la descarbonización, colocando el medio ambiente en el centro.
El problema no fue la ambición de descarbonizar, sino confundir la disponibilidad comercial con la seguridad estratégica.
La experiencia con el gas ruso lo evidenció con crudeza: barato y percibido como abundante, ese suministro atractivo desde la perspectiva del mercado se convirtió en vulnerabilidad geopolítica cuando Moscú utilizó la energía como instrumento de presión. Se había tratado la seguridad de suministro como un resultado del mercado, cuando en realidad forma parte de las capacidades estratégicas del Estado.
A esa ecuación debe sumarse la resiliencia. Un sistema energético no puede diseñarse solo para condiciones ideales: debe resistir guerras, interrupciones, olas de calor, fallos técnicos, picos de demanda y tensiones en la red. La redundancia, las interconexiones, la capacidad firme y las fuentes alternativas pueden parecer costosas en tiempos normales, pero demuestran su valor cuando el sistema sufre perturbaciones.
El apagón ibérico de abril de 2025 obliga a evaluar el sistema con mayor crítica y conduce a una conclusión política: la transición energética no se mide únicamente por la potencia renovable instalada; debe valorarse por la solidez global del sistema, especialmente su capacidad para absorber perturbaciones. España dispone de una ventaja considerable al contar con recursos renovables desarrollados y debería aprovecharlos plenamente. Pero existe el riesgo de que esa fortaleza se convierta en un monocultivo doctrinal que considere inevitable un sistema 100% renovable en 2050 y deje de valorar otras fuentes por su contribución al conjunto.
El caso de Almaraz introduce, aunque con reticencias, un giro pragmático. Extender su funcionamiento hasta el 8 de junio de 2030 no significa aún revisar por completo el calendario de cierre nuclear, pero sí muestra cómo la realidad comienza a corregir políticas basadas en posturas rígidas. La cuestión dejó de ser enfrentamiento entre nuclear y renovables; la pregunta es qué combinación tecnológica ofrece electricidad abundante, competitiva, baja en carbono y fiable.
También existe una contradicción práctica: España aspira a atraer centros de datos y participar en la economía de la inteligencia artificial, actividades intensivas en consumo eléctrico que requieren suministro estable y competitivo. Sin embargo, el Gobierno ha sometido a consulta un proyecto de real decreto que obliga a ciertos nuevos centros de datos a respaldar hora a hora el 80% de su consumo con nueva generación renovable mientras el porcentaje renovable en el mix no supere el 90%. Al mismo tiempo, la propuesta reconoce que estos grandes consumidores aumentarán las necesidades de firmeza y servicios de balance. No se trata de oponer sostenibilidad y digitalización, sino de decidir si primero diseñamos un sistema capaz de alimentar y descarbonizar el nuevo sector o si condicionamos desde el inicio esa demanda a una composición tecnológica previamente fijada.
Tampoco es razonable concebir la transición como una despedida inmediata de los hidrocarburos. Arabia Saudí no lo hace y Europa tampoco puede permitírselo. Petróleo y gas seguirán siendo parte de nuestra seguridad energética durante años, porque amplios sectores de la economía no son fácilmente electrificables. El reto estratégico no es elegir de forma excluyente entre hidrocarburos, renovables o nuclear, sino evitar que cualquiera de esas fuentes se convierta en una dependencia sin alternativas.
Sin abandonar el petróleo, Arabia Saudí ha aprendido que el poder consiste en acumular capacidades y opciones, explorando ámbitos hasta ahora fuera de su política tradicional. Europa debería extraer de esto una lección de método más que un modelo a copiar: la autonomía estratégica no consiste en producirlo todo ni en eliminar toda dependencia, sino en evitar aquellas dependencias que nos privarían de elección. Eso define a una potencia de portafolio: diversificar fuentes de energía y palancas de influencia.
Cuando el evento referido se celebre aquí el próximo año, sería conveniente dejar atrás la idea de la transición como simple intercambio de fuentes y empezar a pensar en términos de sistema, resiliencia y poder. Porque en el mundo que se está configurando, la energía vuelve a mostrar lo que siempre ha sido: una condición esencial de la autonomía estratégica.
