Tras los años de aislamiento pandémico, China abrió notablemente sus fronteras: eliminó el visado para decenas de países, facilitó el uso de tarjetas internacionales en pagos locales y lanzó una potente campaña de atracción turística con la meta de alcanzar 190 millones de visitantes extranjeros anuales en 2030. Sin embargo, al mismo tiempo que facilita la entrada de turistas, el Gobierno ha reforzado los controles sobre quién puede salir del país.
Desde mediados de septiembre rige un reglamento de 19 artículos que amplía la capacidad de las autoridades para decidir quién entra, quién sale y quién debe permanecer en China. La normativa apunta especialmente a tres perfiles: funcionarios, disidentes y, de forma creciente, ingenieros con conocimientos sensibles en inteligencia artificial.
La norma autoriza impedir la salida de personas que hayan cometido en el extranjero actos que, según la definición oficial, “perjudiquen la seguridad nacional o los intereses de China”, con prohibiciones que pueden durar entre seis meses y tres años. También contempla la retención de quienes vulneren las normas de control de exportaciones o transferencia de tecnología en términos que supongan una amenaza para la “seguridad industrial o tecnológica nacional”.
Los conceptos incluidos son amplios y abarcan desde la filtración de secretos comerciales hasta situaciones como la contratación de un investigador chino por una empresa extranjera.
Además, los agentes fronterizos podrán “disuadir” a ciudadanos de viajar a países o regiones considerados de alto riesgo, sin definir qué destinos entran en esa categoría ni cuándo una recomendación puede convertirse, en la práctica, en una orden. El reglamento también exige que quienes soliciten documentos de viaje acrediten motivos “verdaderos y lícitos”, sin especificar qué pruebas serán válidas ni qué autoridad evaluará su credibilidad.
Pekín sostiene que estas medidas no restringen a la mayoría de los ciudadanos y las presenta como herramientas para combatir la corrupción, el espionaje, las estafas y la fuga de tecnología. Críticos y organizaciones de derechos denuncian la vaguedad de las categorías y la falta de procedimientos transparentes que permitan saber si una persona está sujeta a una prohibición, por cuánto tiempo y por qué motivo.
Viejos y férreos controles
Los controles de salida no son una novedad en China. Durante años, funcionarios, cuadros del Partido y empleados de empresas estatales han tenido que entregar sus pasaportes a superiores y pedir autorización para viajes internacionales. Una práctica que se ha ido extendiendo desde las capas altas hacia niveles inferiores de la Administración.
Una funcionaria de un departamento cultural de Shanghai relata que para viajar a Europa tuvo que enviar una carta a sus superiores explicando el propósito del viaje y el itinerario, incluidos los hoteles. En la misma ciudad, dos jóvenes detenidos en las protestas contra las restricciones de la pandemia aseguran que no les han permitido renovar sus pasaportes desde entonces.
En ocasiones la prohibición aparece de forma inesperada: empleados que se enteran en el control del aeropuerto de que no pueden salir del país por falta de autorización.
El último foco de control son los profesionales tecnológicos. Informes como el de Bloomberg han desvelado que fundadores, investigadores y directivos considerados estratégicos en empresas como Alibaba y DeepSeek necesitaban autorización previa para viajar al extranjero.
La selección no dependía solo del cargo, sino del valor del conocimiento de cada experto para los planes nacionales de inteligencia artificial. Según fuentes citadas por esos informes, el control se ha extendido a familiares directos: cónyuges e hijos de ciertos ejecutivos de los sectores de IA y semiconductores también deben obtener permiso incluso para desplazamientos cortos.
Varios afectados habrían recibido ya notificaciones, pero no existe una lista pública ni se sabe cuántas personas o familias están incluidas. No implica que todos los ingenieros estén impedidos de viajar, pero sí amplía el perímetro de control: afectar al núcleo familiar dificulta que un especialista se traslade definitivamente al extranjero o acepte un puesto fuera de China.
En la competencia por chips, algoritmos y modelos avanzados, Pekín trata el conocimiento técnico acumulado por determinados investigadores como un recurso estratégico sujeto a controles de exportación: el “cerebro” puede considerarse tecnología sensible.
El nuevo reglamento también alcanza a extranjeros incluidos en listas de contramedidas o de “entidades no fiables”. En julio de 2025, un empleado federal estadounidense y una ejecutiva de Wells Fargo fueron retenidos en China pese a no enfrentarse a cargos formales.
“El Gobierno chino está endureciendo sus normas para decidir arbitrariamente quién puede salir”, advierte Maya Wang, subdirectora para Asia de Human Rights Watch, que recuerda que el derecho internacional reconoce la libertad de salir de un país y solo permite limitaciones que sean necesarias, proporcionales y sujetas a garantías legales.
Pekín argumenta que las medidas buscan impedir la fuga de funcionarios corruptos, la transferencia clandestina de tecnología y la divulgación de secretos de Estado. Las cuentas en redes sociales de la principal agencia de inteligencia china insisten en que los espías extranjeros buscan siempre aprovechar perfiles de alto valor.
China está lejos del aislamiento total de la era de Mao Zedong, cuando viajar al extranjero era una excepción reservada a diplomáticos, funcionarios en misión y estudiantes seleccionados. Entre 1949 y 1978 se emitieron solo 210.000 pasaportes; desde los años 90 el acceso se amplió y hoy existen más de 160 millones de pasaportes, aproximadamente el 11% de la población.
El país no ha vuelto al encierro de la era maoísta: millones seguirán cruzando fronteras para estudiar, trabajar o hacer turismo. La diferencia es que, bajo Xi Jinping, la libertad de movimiento está cada vez más supeditada a una concepción amplia y difusa de la seguridad nacional. La frontera sigue abierta para la mayoría, pero se cierra en torno a quienes Pekín considera demasiado valiosos o comprometidos para permitirles marcharse.
