El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración del presidente Donald Trump a reactivar de forma temporal una política que permite enviar a algunos deportados a terceros países y anunció que escuchará los argumentos del caso en diciembre.
La decisión del Supremo deja en suspenso las resoluciones de tribunales inferiores que exigían notificar a los inmigrantes sobre el país al que serían trasladados y darles la oportunidad de impugnar ese envío antes de la expulsión.
La Administración justificó la medida afirmando que esos requisitos dificultan la deportación de personas con antecedentes penales.
Seis jueces de la mayoría conservadora votaron a favor del Gobierno; las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron.
El Gobierno había solicitado al Supremo que autorizara las deportaciones, advirtiendo que mantener su suspensión equivaldría a una “emergencia nacional” y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.
La reactivación de este programa representa un avance en la política migratoria de la Administración, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países —algunos señalados por organizaciones por violaciones de derechos humanos— como parte de su estrategia de deportaciones masivas y compromisos de campaña.
El fallo permite, por ahora, que el Gobierno continúe con deportaciones rápidas, incluso a países como Guinea Ecuatorial, donde una investigación de The New York Times señaló que algunos deportados fueron encapuchados, atados y agredidos por agentes policiales.
El Supremo tiene previsto escuchar en diciembre los argumentos sobre la legalidad de la política antes de emitir una decisión definitiva.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.
