El 21 de septiembre, estudiantes del instituto Saint-Exupéry de Créteil, en la periferia de París, iniciaron una protesta por la escasez de profesorado y las deficiencias en el funcionamiento del centro. Su movilización se extendió rápidamente por toda Francia y desencadenó una crisis en el ámbito educativo que terminó traducida en episodios de violencia en las calles.
Las razones
Los alumnos denunciaron falta de profesores y de horas lectivas, aulas masificadas, edificios en mal estado y escaso equipamiento informático y escolar. Muchos puestos docentes quedan sin cubrir por las condiciones precarias de trabajo y los salarios insuficientes, lo que dificulta la atracción y retención de personal. Además, los profesores contratados señalan retrasos y problemas para cobrar al inicio de curso. Parte del profesorado se unió por tanto a las protestas.
Las reivindicaciones también subrayan la desigualdad territorial: los institutos de zonas más desfavorecidas, con altas tasas de población migrante como Seine-Saint-Denis, enfrentan peores condiciones que los situados en barrios acomodados. En algunos centros de la periferia parisina se reportaron aulas de hasta 35 alumnos y carencias de materiales y docentes.
El coste de la vida
Las protestas se aceleraron ante la elaboración del presupuesto de 2027, en el que el Gobierno prevé recortar 54.000 millones de euros, lo que alimentó el temor a nuevos recortes en Educación. El malestar alcanza también a estudiantes universitarios, que sufren el encarecimiento de la vivienda y dependen de ayudas al alquiler que el Ejecutivo contempla suprimir para ahorrar.
El aumento del coste de la vida ha colocado a muchos jóvenes en una situación límite: encuestas de 2025 indicaban que casi la mitad de los estudiantes había dejado de comer por motivos económicos en alguna ocasión, y los gastos asociados a la educación universitaria pública han subido un 25% desde 2020.
Lo que empezó en Créteil derivó en una movilización nacional el 29 de septiembre, cuando estudiantes se sumaron a la huelga de funcionarios y trabajadores públicos, que protestaban por la precariedad del empleo público y los posibles recortes presupuestarios.
Las redes sociales
La convocatoria se amplificó a través de redes sociales como TikTok y Snapchat, que difundieron llamamientos a la movilización. Los rectorados detectaron también la circulación de convocatorias por estas plataformas.
Algunos bloqueos escolares derivaron en enfrentamientos con la policía, incendios en varios institutos y detenciones o heridas entre participantes, aunque la mayor parte de las acciones fue pacífica. Según el ministro de Educación, Edouard Geffray, tras consultar con varios directores se constató que muchos de los autores de actos violentos no eran alumnos de los centros implicados; por ello pidió a las familias que impidieran a sus hijos participar en bloqueos para protegerlos.
Escalada política
La crisis adquirió también dimensión política. Jean-Luc Mélenchon acusó al Gobierno de pedir represión contra los estudiantes y animó a mantener los bloqueos; el Ejecutivo respondió acusando a La Francia Insumisa (LFI) de instrumentalizar las protestas. La participación de varios cargos electos de LFI en bloqueos, y un vídeo viral del alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, generaron polémica: la izquierda defendió su intervención, mientras la extrema derecha y el Gobierno lo acusaron de provocar incidentes.
En conjunto, las protestas se han convertido en un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Sébastien Lecornu. Los jóvenes reclaman condiciones educativas más equitativas y expresan temor a que los presupuestos previstos agraven su situación económica y educativa.
