Una bióloga del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires advirtió que la resolución del conflicto con carpinchos en urbanizaciones del delta bonaerense requiere estudios técnicos y protocolos, y no respuestas individuales o impulsivas.
El planteo surgió tras la denuncia contra un hombre sospechado de disparar a estos animales en Nordelta, un episodio que reavivó el debate sobre la convivencia con fauna silvestre en espacios urbanos que se desarrollaron sobre hábitats naturales.
La doctora Lorena Haurigot, integrante del Consejo, afirmó que intervenir puede ser necesario, pero siempre dentro del marco normativo. Señaló que la biología dispone de herramientas como estudios poblacionales y planes de manejo de especies para abordar estos casos.
“Es preciso dar una respuesta a este conflicto”, indicó Haurigot, y remarcó que las medidas deben ser consensuadas, aprobadas y fiscalizadas por la Dirección de Flora y Fauna de la provincia, autoridad competente en conservación de fauna silvestre.
Una población sin predadores naturales
Según la especialista, no es suficiente analizar solo el comportamiento de los animales: las particularidades de las urbanizaciones cerradas también pueden agravar el conflicto.
En el caso de los carpinchos, explicó Haurigot, el crecimiento excesivo de la población puede llevar a que ejemplares se alejen de las lagunas en busca de nuevos recursos. En barrios privados, esta dinámica se ve potenciada por la ausencia de depredadores naturales.
Por eso, la frecuencia con que aparecen animales en jardines, calles o propiedades no debe interpretarse únicamente como una invasión del espacio humano, sino como un síntoma de desequilibrio que requiere estudio.
Medidas que deben decidirse y supervisarse desde la Provincia
La bióloga mencionó intervenciones aplicadas en otros casos, como acciones sobre la reproducción o traslados de ejemplares. Aclaró que ninguna de estas medidas puede ser tomada de forma unilateral por vecinos, administraciones de barrios o profesionales locales.
Esas decisiones corresponden a la autoridad provincial y deben apoyarse en evaluaciones y procedimientos técnicos, con el fin de evitar soluciones inmediatas que solo desplacen el problema y, en cambio, buscar medidas sostenibles a mediano y largo plazo.
Paralelamente, Haurigot destacó acciones preventivas que reducen el contacto entre personas y fauna, como la instalación de cercos perimetrales y otras barreras que desalienten el ingreso de animales a las propiedades.
Zorros y coipos también generan conflictos en barrios privados
La especialista subrayó que el problema no es exclusivo de los carpinchos y mencionó situaciones similares con zorros y coipos en barrios cerrados.
En relación con los zorros, enfatizó la importancia de la educación vecinal: alimentar a ejemplares silvestres favorece que permanezcan en el área y modifique su conducta, lo que luego puede derivar en nuevos conflictos.
Lo que establece la Ley 22.421
La Ley 22.421 establece el marco legal para la conservación de la fauna silvestre y, según Haurigot, las actuaciones sobre estos ejemplares no deben quedar a criterio particular. En la provincia, la Dirección de Flora y Fauna es la autoridad encargada de supervisar las medidas destinadas a mitigar estos conflictos.
El Consejo Profesional de Ciencias Naturales sostiene que estos casos evidencian la necesidad de incorporar conocimiento científico y técnico en la toma de decisiones sobre fauna. No se propone evitar la intervención, sino realizarla adecuadamente, conforme a la normativa y con objetivos de largo plazo.
