La jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty ordenó la prisión preventiva de Carlos Alberto González (43) y Cynthia Chamoles (44), propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium. Ambos están acusados de liderar una asociación ilícita y de estafar a clientes con la venta y retención indebida de vehículos de alta gama.
El fiscal de Pilar, Andrés Quintana, solicitó la medida en el marco de la investigación. González y Chamoles fueron detenidos hace un mes por la SubDDI Pilar en una vivienda de un barrio cerrado y permanecerán alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense: González en la Alcaidía Penitenciaria de Malvinas Argentinas y Chamoles en la Unidad 61 de Melchor Romero.
Los delitos y los argumentos de la jueza
Están imputados como presuntos jefes de una asociación ilícita, en concurso real con delitos de estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel.
Para justificar la prisión preventiva, la jueza consideró la existencia de riesgos procesales, en particular la posibilidad de entorpecer la investigación y el riesgo de fuga.
En su resolución, la magistrada advirtió la multiplicidad de hechos y de víctimas, los perjuicios económicos causados y la logística utilizada, lo que, a su criterio, indica que una eventual pena sería de cumplimiento efectivo. Señaló que ante esa amenaza punitiva los imputados podrían intentar eludir a la justicia y frustrar el proceso.
Sobre el riesgo de entorpecimiento, mencionó la magnitud del daño económico, la disponibilidad de recursos y la logística para ocultar activos o manipular documentación. Concluyó que, por el momento, la prisión preventiva es la medida cautelar idónea, proporcional y necesaria para asegurar los fines del proceso.
Las víctimas y las maniobras investigadas
Entre las personas que denunciaron figuran el diputado nacional por La Libertad Avanza Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del ex jugador de Los Pumas Agustín Pichot.
Quintar declaró que en agosto de 2025 inició gestiones para comprar una Tesla Cybertruck por 285.000 dólares, que pagó en su totalidad —mediante transferencias y efectivo— y que nunca recibió el vehículo.
En otro expediente, Pichot consignó una Ford Ranger Raptor sin completar el formulario 08, por lo que el dominio quedó a su nombre; según la investigación, los imputados dispusieron del vehículo y se apropiaron de lo obtenido sin rendir cuentas.
También se investiga el caso de un conocido de González que adquirió un Ford Mustang 2022 en octubre de 2024 y lo dejó para exhibición a fines de junio de 2025. Al reclamar el auto entre septiembre y octubre, le comunicaron repetidamente que debía “bancarlo”, porque supuestamente ya había sido vendido a otra persona.
Otro cliente transfirió 29.000 dólares, con una seña inicial de 3.000, por un Mercedes-Benz CLA 200 que nunca le fue entregado.
La acusación indica que los imputados y empleados montaron la apariencia de una empresa seria y con reconocimiento en el mercado, lo que facilitó la captación de clientes e inversores.
Qué dijeron los acusados
En su indagatoria, González relató que comenzó hace diez años en el Shopping Champagnat y luego se trasladó a un local en la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, donde atendía a clientes de alto poder adquisitivo. Dijo que, como gerente general, incorporó a algunos clientes como inversores y que en su mejor momento la firma llegó a vender hasta 100 vehículos por mes.
Según su versión, el quiebre de ingresos se produjo tras una causa federal por desobediencia en la que fue procesado por el juez de Campana Adrián González Charvay; a partir de entonces las ventas habrían caído a 50 por mes. Mencionó una “corrida” de inversores por 3 millones de dólares, costos mensuales de 300.000 dólares y un descalce financiero de 6 millones de dólares. Afirmó que intentó recomponer la situación con los inversores y que el propietario del local le rescindió el contrato de alquiler. Sobre las medidas cautelares dijo que lo perjudicaron personal y profesionalmente.
Chamoles atribuyó los incumplimientos a un “desfasaje” financiero por retrasos de clientes con vehículos financiados. Señaló que cuenta con pagarés de compradores morosos por un monto que estimó entre 500.000 y 600.000 dólares y que hay deudas a cobrar por alrededor de 2.000.000 de dólares; sostuvo que varios vehículos fueron entregados sin haberse completado los pagos y que hubo amenazas de denuncias cuando reclamaron esos pagos.
Quiebra de la sociedad y estado de la causa
La Justicia Comercial decretó el 14 de septiembre la quiebra de Datcar SA, la empresa que operaba la concesionaria, a instancias de un acreedor por pagarés impagos, mediante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°22. Los acreedores tienen plazo hasta el 18 de noviembre de 2026 para presentar y verificar sus créditos.
La causa penal se tramita en el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro y en la UFI N°2 de Pilar.
