Los policías antidisturbios podrán volver a usar las polémicas granadas aturdidoras en las más de 500 manifestaciones previstas en Francia el 17 de octubre “si se producen actos de violencia grave en las grandes ciudades”, advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras reunirse el martes con los prefectos de todo el país ante la jornada crítica de las protestas estudiantiles y el anunciado regreso de los “chalecos amarillos”.
Estas granadas (que emiten un fuerte sonido desorientador) habían sido suspendidas temporalmente después del incidente de la semana pasada en Lens, en el que un estudiante perdió la mano al intentar lanzarla de nuevo contra la policía. Nuñez decidió su paralización horas después de una reunión urgente convocada por el presidente Emmanuel Macron, quien pidió “ética y proporcionalidad” en la gestión de las protestas estudiantiles.
“Los policías y gendarmes podrán utilizar el conjunto de armas intermedias a su disposición”, declaró Nuñez a la cadena France 2, en respuesta a las críticas sobre la represión. “Y eso incluye desde las granadas lacrimógenas hasta el lanzador de pelotas de defensa (LBD) en contextos de extrema dificultad, cuando la situación deriva en violencia urbana o disturbios”.
El uso controvertido del lanzador de pelotas de goma, al que se atribuye la pérdida de un ojo de un estudiante, también ha sido cuestionado por grupos de derechos humanos que han criticado una supuesta “represión policial”. En las últimas tres semanas se han registrado más de 9.000 detenidos y alrededor de un millar de heridos: 930 policías, 147 profesores y directores de institutos y más de un centenar de estudiantes.
“Esto ya no parece un movimiento estudiantil, sino más bien un movimiento de violencia urbana”, declaró el jueves el primer ministro Sébastien Lecornu, que aseguró que 200 de los 3.700 institutos del país registran “episodios de violencia persistente, a menudo causados por personas ajenas a los centros”.
Lecornu recalcó la necesidad de distinguir claramente entre la violencia urbana y las reivindicaciones legítimas. Señaló además que últimamente resulta difícil celebrar una manifestación en el país sin que se infiltren grupos violentos, especialmente de extrema izquierda y, en ocasiones, de extrema derecha.
El sindicato policial Alliance, por su parte, anunció que denunciará al Gobierno “por poner en peligro la vida de terceros”. En un comunicado, el sindicato criticó la respuesta oficial: tras la empatía mostrada hacia los manifestantes y el enfoque constructivo del jefe del Estado, asegura que han llegado instrucciones vagas, órdenes contradictorias y “retórica vacía”. “Sobre el terreno, la realidad es muy diferente: los agentes quedan aislados, traicionados y expuestos a la violencia y a las represalias”, añadió.
